18 febrero 2015
De Juana
Chaos, localizado en Venezuela
Reclama del Gobierno la misma
defensa en Venezuela que las empresas españolas
Indignación ante la negación de
Catalá de que el país caribeño sea santuario de ETA
La Asociación de Víctimas
del Terrorismo (AVT)
no se fía del Gobierno y
su interlocución con el Ministerio del
Interior es nula.
Por eso, ayer utilizó el registro general para hacer llegar un escrito al
ministro, Jorge Fernández, en el que, sucintamente, pide a Interior «el listado
de solicitudes de extradición realizadas por el Gobierno de España de sujetos
relacionados con delitos de terrorismo actualmente pendientes».
Ángeles Pedraza, presidenta de la AVT , firma personalmente el
escrito en el que, «en nombre de los más de 4.500 asociados» que forman parte
de su organización, traslada al titular de Interior su «preocupación ante las
publicaciones aparecidas en los últimos días en relación a la presencia de
miembros de la organización terrorista ETA en Venezuela».
Al tiempo que recuerda que «la presencia de
terroristas en países de Latinoamérica es una noticia conocida públicamente desde
hace años», matiza la importancia de las informaciones publicadas por este
periódico que sitúan a Ignacio de
Juana Chaos en Chichiriviche (Venezuela)
y al menos a otros 20 terroristas de ETA con causas pendientes u órdenes de
búsqueda en España en el
mismo país caribeño.
Por ello, y recordando que «en 1996» la solicitud de
extradición de una «veintena de terroristas huidos en diferentes países»
permitió que «muchos de los atentados cometidos por aquellos terroristas no
hayan prescrito», Pedraza muestra su recelo ante la actuación del Ejecutivo y
reclama al Gobierno que detalle las solicitud de extradiciones realizadas.
La propia Pedraza manifestó ayer a este periódico su
convencimiento de que existen «conflictos diplomáticos» y de que «hay mucho
miedo a que se privaticen empresas españolas o que tengan problemas con el
Gobierno venezolano».
La presidenta de la AVT fijó en 15 días el plazo que su organización
otorga a Interior para dar «al menos acuse de recibo» de la solicitud del
listado. «Si no», advirtió, «veremos cómo actuar, pero desde luego no vamos a
estar callados». «No puede ser que aquellos etarras que viven en Venezuela en
virtud de acuerdos de hace muchos años se conviertan en anfitriones de todos
los que se fugan ahora de España», aseguró Pedraza, que además reprochó:
«Quienes se han fugado lo han hecho porque en España se han hecho las cosas
mal».
En cualquier caso, la presidenta de la AVT mostró su convencimiento
de que la defensa de otro tipo de intereses españoles en Venezuela «no quiere
decir que tenga que convertirse en un santuario de etarras».
Precisamente ayer, el ministro de Justicia, Rafel
Catalá, aseguró en una entrevista en Telecinco que no se puede
«considerar a Venezuela un santuario de etarras». Estas palabras del titular de
Justicia sentaron muy mal entre las víctimas de ETA.
Daniel Portero, presidente de Dignidad y Justicia, consideró «muy graves y
desafortunadas» las declaraciones de Catalá, que también aconsejó en los
pasillos del Congreso no
elevar los «tonos políticos» con Venezuela al tiempo que subrayaba la necesidad
de mantener las relaciones con el país latinoamericano y actuar conforme a los
tratados y convenios internacionales, informa Efe.
En conversación con este periódico, Portero se
mostró indignado ante la aseveración de Catalá y aseguró que «Venezuela es el
mayor santuario de ETA de todo el mundo, es un lugar en el que los terroristas
incluso forman parte del Gobierno».
Además, recordó que, «si bien es cierto que
conseguir la extradición con el delito de enaltecimiento del terrorismo es muy
complicado», hay otros casos, como el del etarra Arturo Cubillas, «que se
sustentan en delitos muchos más graves que el que se imputa a De Juana».
Portero denuncia que el Gobierno venezolano no acata
el Tratado de Extradición suscrito
con España y vigente desde 1990, «y no se extradita a los terroristas porque al
Gobierno venezolano no le da la gana».
Opinión:
Entendiendo que es muy coherente exigir que se
cumpla la legislación y mas exigírselo a un Gobierno, solo me gustaría saber si
la AVT , al decir
que habla en nombre de sus más de 4.500 asociados ha preguntado con
anterioridad la opinión a los 4.500 posibles consultados. Traslado esta
pregunta porque hay víctimas cuyos datos figuran en los listados de AVT que me
preguntan esta mañana si se algo sobre ese tema...
Y ya puestos, me gustaría saber si los 4.500 son
realmente víctimas del terrorismo o se incluyen nombres y apellidos que no
figuran en ningún listado OFICIAL de víctimas.
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