30 agosto 2018
Interior monitoriza a 19 presos de ETA candidatos al
acercamiento
Marlaska acusa al PP de «inyectar odio» a las víctimas del
terrorismo con «falacias»
El Gobierno todavía no
ha cerrado la hoja de ruta para el anunciado acercamiento de presos de ETA,
según insistieron hoy altos responsables del Ejecutivo. Pero el departamento que
dirige Fernando Grande-Marlaska, confirmaron estas mismas fuentes, monitoriza
como candidatos a posibles traslados a cárceles del País Vasco o Navarra a 19
internos de la disuelta organización terrorista. Todos ya se encuentran en
segundo grado penitenciario, pero todavía no están en centros de esas dos
comunidades, en los que ya cumplen condena en la actualidad once reclusos de
ETA, nueve en segundo y dos en tercer grado. El número de ‘trasladables’, no
obstante, insistieron desde el Ministerio del Interior, no está decidido, y en
cualquier caso, será siempre menor a esa veintena de reclusos a los que se
observa de cerca.
Según los documentos que maneja el Ejecutivo, estos presos,
que ya han aceptado la disciplina carcelaria pero que todavía no han mostrado
un arrepentimiento completo ni han dado pasos por saldar sus cuentas con la
justicia, se encuentran en prisiones del centro o norte peninsular. Los
informes revelan que se trata de internos que en los últimos meses han estado
recluidos en los penales de Asturias, Zuera (Zaragoza), Burgos, Alcalá de
Henares (Madrid), Castellón, Palencia, Logroño, Aranjuez (Madrid), Soria,
Teruel y Valladolid. En la actualidad, de acuerdo con los informes de Interior
de finales de julio, en la cárcel de Álava hay cuatro internos (todos en
segundo grado), otros cuatro en la cárcel de Vizcaya (dos en segundo grado y
los dos únicos miembros de ETA en tercer grado, Olga Sanz y Javier Moreno y que
fueron acercados a Basauri este mes), dos en el centro de Guipúzcoa (también en
segundo grado) y uno en Navarra (igualmente en segundo grado).
La mayoría de los 19 presos de ETA que son ‘monitorizados’
para su posible acercamiento, explicaron responsables de prisiones, fueron
clasificados en segundo grado por la anterior administración penitenciaria del
PP.
«Segundo nivel»
Los responsables de tratamiento de Instituciones
Penitenciarias manejan otro listado de una decena de presos de «segundo nivel»
(no responsables terroristas) «gravemente enfermos» y de tres internos de más
de 70 años como posibles candidatos a los acercamientos, como avanzó en su día
el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, aunque en Interior insisten en que
entre ellos no habrá jefes de ETA a pesar de que estén enfermos.
La colonia de aspirantes al acercamiento que maneja
Interior, por tanto, no superaría la treintena de reclusos, o sea apenas el 12%
del total de los presos de ETA. Pero en cualquier caso, apuntaron desde
Interior, el número de acercamientos no se va a llegar «ni de cerca» a la cifra
de presos monitorizados. Según reveló ayer Grande-Marlaska en su comparecencia
en la comisión de Interior del Congreso, a fecha del 22 de agosto, la colonia
penitenciaria de la banda ascendía a 233 presos, 205 hombres y 28 mujeres. La
gran mayoría está en primer grado, 203. Sólo hay 28 en segundo grado y dos (los
acercados a Vizcaya en agosto), en tercer grado, o sea en régimen abierto.
«Claro que habrá traslados de presos de ETA pero se harán con criterios de
legalidad», garantizó el ministro, que precisó que no serán movimientos
masivos, sino en cumplimiento «estricto de la legalidad».
Cualquier acercamiento, dijo, pasará por el «tratamiento
individualizado», en el que los internos deben aceptar «la legalidad
penitenciaria». La fórmula, explicó, pasará por la «progresión de grado» para
su acercamiento «incluso a centros del País Vasco y Navarra». Pero siempre que
cumplan con las «exigencias legales» para el tercer grado que fija el Código
Penal. O sea, detalló, la petición del perdón, colaboración con la justicia y
el pago de la responsabilidad civil.
Con el censo del PP
El titular de Interior aseguró que su departamento tendrá
en cuenta el censo que en febrero encargó el entonces ministro, Juan Ignacio
Zoido, y en el que Instituciones Penitenciarias se interesaba, entre otras
cuestiones, por los internos que hubieran pedido destinos ocupacionales en los
centros, lo que hubieran solicitado la participación en programas de
tratamiento y actividades carcelarias, y aquellos que hubieran mostrado
«cualquier otro indicio indicativo de aceptación de las vías legales
facilitadoras de su reinserción».
«Los traslados no son beneficios penitenciarios», quiso
dejar claro el ministro. En ese punto, Grande-Marlaska arremetió contra el PP,
al que acusó de «inyectar odio» a las víctimas con «falacias» sobre los
acercamientos. «¿Cuántos traslados se han producido?» le preguntó a los
diputados del PP.
«La ley no les obliga a trasladar presos al País Vasco. Es
legal, pero no obligatorio. No era una prioridad», replicó Mari Mar Blanco,
quien acusó a Grande-Marlaska de satisfacer un «pago a los nacionalistas» con
los acercamientos.
«El PP fue el primero de usar la política antiterrorista en
un arma arrojadiza. Y ahora está convirtiendo la política penitenciaria en otra
arma arrojadiza, seguido de Ciudadanos», denunció por su parte el diputado del
PNV Mikel Legarda, quien recordó al ministro que los acercamientos no son
beneficios penitenciarios ni privilegios. «ETA ha desaparecido y no va volver»,
apuntó el nacionalista. «No estamos hablando de progresar en el grado ni de
beneficios penitenciarios, estamos hablando de un derecho», abundó Legarda. En
términos muy similares se ha expresado Marian Beitialarrangoitia, diputada de
EH Bildu. «¿Para cuándo hechos que acompañen las declaraciones que se vienen
realizando? preguntó al ministro, al tiempo que subrayó que los acercamientos
no tienen nada que ver con el tratamiento penitenciario ni con el
comportamiento individual de los reclusos, sino que solo son cumplimiento de la
ley.
Opinión:
Del tema jurídico relacionado con los traslados de
los presos ya he hablado en muchas otras opiniones y no lo haré ahora por no
cansar mas a quien tiene a bien leer este blog.
Pero sí voy a opinar sobre la postura de la señora
MariMar Blanco… porque no entenderé jamás que pida explicaciones AHORA al
ministro de Interior sobre los acercamientos mientras no me consta que hiciera
la misma petición en 1996 y años posteriores al ministro de Interior que
entonces dirigía el ministerio… ni cuando ese ministro fue capaz de decir en
enero de 2000 que “estaría dispuesto a sentarme con ETA” o frases similares.
Supongo que, por la misma regla de tres, tampoco la
ley “obligaba” a acercar a unos 140 terroristas a finales de la década de los
90 justo tras llamar a ETA “Movimiento Nacional de Liberación Vasco”. Es lo
bueno de tener memoria, agendas y la experiencia de haberlo vivido en primera
persona.
Otro tema aparte es el de la representatividad.
Supongo que cuando ayer hizo estas preguntas al Ministro las hizo en calidad de
diputada del Partido Popular y si así ha sido demuestra un amplio
desconocimiento de la legislación… y aclaro y confirmo que el día que las haga
como Presidenta de la
Fundación de Víctimas del Terrorismo, evidentemente NO lo
hará en mi nombre.
Y me consta que tampoco en el de muchas otras
víctimas del terrorismo… no se debe tener cargo en un partido político y, al
mismo tiempo, ser presidente de una organización que engloba a personas de
distintas ideologías…
Ah, se me olvidaba un pequeño detalle… ya que hay
quien dice que representa a “las” víctimas del terrorismo… ¿para cuando la
misma presión al hablar de terroristas del GRAPO o de la extrema derecha? ¿para
cuándo mostrar un mínimo interés en las víctimas de los atentados del 17 de
agosto de 2017? Es curioso escuchar en la voz de la infinita mayoría de
afectados que no han recibido una sola llamada de ninguna asociación (excepto
de Afectados 11-M) y, lo que es peor, de la Fundación de Víctimas
del Terrorismo.
Aunque tampoco es de extrañar. Deben ser de la misma
cuerda de aquellos que dicen que las asociaciones de víctimas no son agencias
de detectives…
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