06 septiembre
2017
Cifuentes pagará 107 millones más a todas
las víctimas 'madrileñas' del terrorismo
Madrid
quiere dar una ayuda extra del 30% de lo que ya abona el Estado. Será
retroactiva desde 1960, pero solo para las víctimas empadronadas que padecieron
ataques en la región
y
asistencialmente a las víctimas del terrorismo, con una aportación de 75.000 euros para
las familias de los fallecidos, que se eleva a los 150.000 euros en el caso de los heridos más graves.
Un dinero complementario a las ayudas que ya concede el Gobierno central. La Comunidad de Madrid
aprobó este martes el proyecto de Ley para la Protección ,
Reconocimiento y Memoria de las Víctimas del Terrorismo de la Comunidad de Madrid, que
aún deberá ser debatido en la
Asamblea madrileña y cuyo objetivo es amparar a todos los
ciudadanos empadronados en la región que sufran un atentado terrorista, con
independencia del lugar donde este se produzca.
No
solo a futuras víctimas. La ley también quiere ser retroactiva y reconocer a
las víctimas que ya hayan sufrido un atentado desde 1960. Pero con condiciones.
Todas estas víctimas 'retroactivas' deberán haber sido reconocidas ya como
víctimas por el Gobierno central, haber padecido el ataque en suelo madrileño y llevar al menos dos años empadronadas en
la región cuando este se produjo. Por ejemplo, no podría acogerse a la ley un
madrileño que ya haya sufrido un atentado de ETA en el País Vasco. El texto
elaborado va más allá y el Ejecutivo autonómico también quiere que contenidos relacionados
con el terrorismo se impartan en los colegios e institutos madrileños,
potenciar la investigación sobre la materia en las universidades y crear un
centro interactivo para la memoria de las víctimas.
El
Gobierno central ya regula ayudas a las víctimas desde el año 2011. Las
familias de los fallecidos por atentado terrorista reciben 250.000 euros. Los
heridos clasificados con "gran invalidez" perciben 500.000 euros.
Otros heridos, en función de su incapacidad, reciben entre 180.000 y 75.000
euros. La nueva ley que prepara la
Comunidad quiere sumar un 30% a
las cantidades que ya paga el Estado. Así, los familiares de los muertos
recibirán, junto a los 250.000 que ya entrega el Ejecutivo central, otros
75.000 que aportará Madrid. Cuando entre en vigor la ley, esta será de
aplicación para los madrileños que lamentablemente sufran un atentado en
cualquier parte del mundo. Solo se exige como requisito que el Estado los
reconozca previamente como víctimas y que lleven empadronados en la región al
menos los dos años inmediatamente anteriores al acto terrorista.
La
ley también será retroactiva. Podrán acogerse a las indemnizaciones por
fallecimiento y daños físicos o psíquicos las víctimas de acciones terroristas
cometidas en la región desde el año 1960 y hasta la entrada en vigor de la
norma, siempre que el atentado se haya producido en la comunidad de Madrid y la
víctima estuviera empadronada al menos en los dos años anteriores al ataque. La Comunidad ha justificado
esta retroactividad porque en Madrid "hemos padecido grandes atentados,
entre ellos el mayor atentado terrorista de nuestro país. Si en esta ley no
hubiéramos contemplado esta retroactividad, las víctimas de ETA y
del 11-M se hubieran quedado fuera".
Desde
1960, el Gobierno regional tiene cuantificadas cerca de 2.800 víctimas susceptibles de recibir ayudas,
584 de ellas mortales. Los 75.000 euros a los que tienen derecho las familias
de estas últimas suman un total de 43,8 millones. Las indemnizaciones a los
2.189 heridos suponen para las arcas regionales una media de 63,7 millones de
euros. El compromiso económico que conlleva esta ley supera por tanto los 100
millones de euros solo en ayudas. La Comunidad de Madrid también quiere incluir dentro
de la condición de víctima del terrorismo a las personas que acrediten, en los
términos previstos en la ley estatal, haber sufrido amenazas o coacciones
directas y reiteradas de organizaciones terroristas y que, por ello, hayan
tenido que abandonar su comunidad autónoma de origen y hayan fijado su residencia
en la región, "al menos los dos años inmediatamente anteriores a la
entrada en vigor de la ley".
Pero
la ley no solo se centra en el apartado económico. Incorpora novedades como la asistencia psicológica especializada para
víctimas y sus familiares; medidas para promover su contratación por parte de
empresas madrileñas y, en el caso de empleados públicos, facilidades para que
se les asignen puestos de trabajo más adecuados a sus peculiaridades físicas y
psicológicas. También contarán con facilidades para acceder a viviendas de
protección pública y se fijarán bonificaciones en los precios de las
actividades de tipo cultural y deportivo que dependan de la Comunidad. El
Ejecutivo también ha aprobado destinar 300.000 euros este año 2017 a la convocatoria de ayudas
para asociaciones de víctimas, un 30% más que en 2016.
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