4
diciembre 2014
Un tercio de los etarras que piden descontar su
prisión en Francia tiene aún largas condenas
Al menos un tercio de los presos
de ETA que han pedido que se les reduzcan los años de prisión en Francia y
cuyos expedientes están siendo ya tramitados por las autoridades galas tienen
que enfrentarse aún a una larga estancia en cárceles españolas. Ocho de esos 26
reos deben cumplir 40 años de reclusión real, aunque sus condenas sumen más
tiempo. Se trata de terroristas a los que se les va a aplicar la reforma del
Código Penal de 2003, que elevó de treinta a cuarenta años el mínimo de
estancia en prisión para los casos de mayor gravedad, entre los que figuran los
atentados de la banda. Sus casos no serán revisados hasta que hayan permanecido
35 años entre rejas.
Entre estos presos figuran
miembros de la organización terrorista tan conocidos como Irantzu Gallastegi
Sudupe, condenada por el asesinato de Miguel Ángel Blanco, y su hermana Lexuri,
que formó parte del ‘comando Madrid’, además de Mikel Otegi, que asesinó a dos
agentes de la Ertzaintza
en la localidad guipuzcoana de Itsasondo y el que fuera dirigente de la
organización Juan Antonio Olarra Guridi.
La petición de acumulación de
condenas no trata en estos supuestos de conseguir una rápida salida de prisión,
sino de que sus casos se puedan revisar algo antes de lo que les
correspondería. La tramitación de estos expedientes por parte de sus abogados
trata, asimismo, de sortear la reforma que el PP ha introducido a una decisión
marco de la UE y
que aboga porque se descuenten los años pasados en prisión en cualquier Estado
miembro, cuando se trate de delitos similares acontecidos en un concreto
espacio de tiempo.
Estos ocho reclusos forman parte
de un listado de 145 presos de ETA que, según los cálculos de las
organizaciones de la izquierda abertzale y del propio Gobierno, serán los
últimos en abandonar la cárcel. Se trata de convictos con algunos de los
crímenes más recientes y más mediáticos en la historia de la banda. La
situación penitenciaria de este grupo es, de hecho, una de las preocupaciones
para el movimiento independentista. Consideran que estos internos sólo podrán
ver aliviada su situación mediante decisiones que deberá tomar un futuro
Gobierno de España.
La acumulación de condenas para
los presos de ETA se ha convertido, en todo caso, en una cuestión judicial de
largo recorrido. La Fiscalía ,
tal y como avanzaba este periódico el pasado sábado, propició ayer que este
asunto deba ser dirimido en los próximos meses en el Tribunal Supremo. El
Ministerio Público anunció ayer que recurrirá ante el alto tribunal los autos
de la sección Primera de la Audiencia Nacional favorables a reducir la
estancia en prisión de Francisco Mujika Garmendia, ‘Pakito’, Santiago
Arrozpide, ‘Santi Potros’, Alberto Plazaola Anduaga y Rafael Caride Simón. El
teniente fiscal Jesús Alonso basa su recurso en que, en su opinión, los jueces
han interpretado mal la ley orgánica aprobada el 12 de noviembre por el PP –y
que en la práctica rechaza descontar el tiempo de prisión en Francia para estos
internos– y que han infringido el artículo 988 de la Ley de Enjuiciamiento
Criminal, que establece que los delitos solo se pueden acumular cuando hubieran
sido juzgados en un mismo proceso.
Disparidad de criterio
Los argumentos utilizados en este
recurso son los mismos que la
Fiscalía empleó en la Audiencia Nacional
en el caso de Iñaki de Bilbao. Este expediente fue a parar por turno a manos de
la Sección Segunda ,
que dio la razón al Ministerio Público y rechazó descontar a este ‘histórico’
de ETA su reclusión en cárceles galas.
Una disparidad de criterio por
parte de los jueces de la
Audiencia Nacional que ahora deberá dirimir el Supremo. El
más alto tribunal establecerá la doctrina definitiva, aunque eso no será hasta
dentro de unos meses. Un procedimiento que, por ejemplo, bloqueará la excarcelación
de Caride Simón, integrante de la ‘vía Nanclares’ y disidente de la banda.
Según sus cálculos, podría recobrar la libertad a comienzos del próximo año.
Opinión:
A ver quién se atreve a dar
respuestas a estas preguntas:
¿Dónde están los políticos que
han planteado estos acuerdos para dar la cara ahora y explicar las razones? ¿Y
las oficinas de “atención” a víctimas? ¿Tanto cuesta consultar las bases de
datos y enviar una circular a los directamente afectados? ¿O buscar un local y
hacer una reunión con los mismos? ¿Tendremos que esperar meses para conocer, a
ciencia cierta, cómo acaba todo esto? ¿Quién informa “oficialmente” a las
víctimas afectadas por los atentados cometidos por todos estos terroristas? ¿A
nadie se le había ocurrido pensar en estas cuestiones siendo un país marcado
por el terrorismo desde hace décadas? ¿Cómo se ha tardado tanto tiempo en
encontrar una solución a algo iniciado en 2013?
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