05 diciembre 2014 (10) eldia.es (opinión)

05 diciembre 2014

El Gobierno no entiende la excarcelación de etarras, humillante para víctimas

La polémica puesta en libertad por orden de la Audiencia Nacional de dos etarras, uno de ellos el histórico dirigente Santiago Arrospide, Santi Potros, es una decisión que no entiende el Gobierno, a favor de que la Fiscalía recurra estas excarcelaciones "humillantes" para las víctimas.

Un día después de que la sección primera de la Audiencia Nacional acordara la excarcelación de Santi Potros y el también etarra Alberto Plazaola de acuerdo con una normativa de la UE por la que se tiene en cuenta el tiempo que los reclusos han pasado en prisiones de Francia, el Ejecutivo ha sido claro: "Los ciudadanos no lo entienden y claramente nosotros tampoco".

Lo ha dicho la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, en la rueda de prensa posterior del Consejo de Ministros en la que ha lamentado la "desazón" del propio Ejecutivo y, sobre todo, la de los ciudadanos al ver criterios judiciales "tan dispares y tan incomprensibles".

Y es que la decisión de excarcelar a estos dos etarras la ha tomado en solitario la sección primera de la Audiencia en contra el criterio de Fiscalía y de sus compañeros de la sección segunda.

Los magistrados están divididos sobre la interpretación de la normativa de la UE de 2008, incluida en la legislación nacional por una ley aprobada en noviembre en el Congreso de los Diputados.

Sáenz de Santamaría ha defendido que esa ley que salió de las Cortes dice "muy claro qué se puede y qué no se puede hacer". Las decisiones marco de la Unión no son aplicables directamente mientras no exista una trasposición de esa normativa, ha añadido.

Por todo, el Gobierno, en palabras de su vicepresidenta, se ha mostrado "absolutamente de acuerdo con la Fiscalía de recurrir las decisiones ante el Tribunal Supremo".

Un recurso que el fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, ya ha anunciado se presentará ante la sala segunda del Tribunal Supremo para "que resuelva la discrepancia".

Mientras, el alto tribunal ya ha fijado para el día 16 una reunión del pleno de su sala penal para decidir cómo debe interpretarse la normativa europea.

Aunque la cita no está fijada para debatir sobre el caso Santi Potros sino sobre un recurso anterior presentado por otro etarra, Kepa Pikabea Ugalde, es claro que la decisión creará una jurisprudencia que se aplicará a diversos reclusos de la banda.

Por ejemplo, podría afectar a los etarras Francisco Mújica Garmendia, alias Pakito, y Rafael Caride, Simón, sobre los que la sección primera de la Audiencia tiene previsto revisar su tiempo en prisión tras haber estado recluidos en cárceles francesas.

Mientras, las reacciones de repulsa a la salida de prisión de los dos etarras continúan. Hoy, la Fundación Víctimas del Terrorismo y las principales asociaciones han manifestado su "absoluto rechazo" a las excarcelaciones, una "injusta decisión" que supone "una inmensa humillación".

Para las organizaciones, la finalidad de la resolución "no parece ser otra que la de impedir que los presos terroristas cumplan íntegramente las penas impuestas por los tribunales españoles, objetivo que supone una inmensa humillación para todas y cada una de las víctimas del terrorismo".

"Las víctimas no podemos más que expresar nuestra repulsa por la falta de sensibilidad hacia nuestro sufrimiento", señalan las asociaciones, que demandan al Tribunal Supremo que atienda el recurso del fiscal y que adopte "urgentemente" las medidas necesarias para impedir que salgan de prisión más terroristas.

Opinión:

Me gustaría que, a ser posible, nadie intentara engañarme. Aunque no conozco a todas las víctimas causadas por estos asesinos, es de suponer que la puesta en libertad ha sido dolorosa para las víctimas que causaron. A mi me duele en lo más profundo que existan leyes que permitan esta puesta en libertad. Pero existen.

Por esta razón para mi también es molesto que alguien intente “colarme un gol por la escuadra”, quizás pensando que soy imbécil o un ignorante como los que acostumbran a rodear a cierta clase política.

Vamos por partes. Tengo entendido que el lunes, a escasas horas del final del plazo, algunos políticos españoles mantuvieron un encuentro con sus homólogos franceses y decidieron la creación de una nueva norma. Hasta ahí todo perfecto porque la labor de los políticos es hacer legislaciones.

Pero lo que ya no me parece tan perfecto (en realidad me parece una necedad) es que, una vez aparecen las consecuencias de la creación de esa legislación, los políticos creadores de la misma envíen los problemas jurídicos consecuentes de la decisión tomada a los jueces. Ahora asistimos a un momento realmente esperpéntico, en el que los jueces y fiscales tienen que decidir, en cuestión de horas, qué proceder jurídico tomar a colación de la decisión política.

Es más, asisto atónito a los ataques que ciertos representantes de víctimas del terrorismo (reitero, de “LAS” víctimas no, si acaso de algunas) están lanzando contra los miembros de la judicatura… los cuales se han encontrado un problemón sin esperarlo ni mucho menos desearlo. Parece que esos representantes de víctimas, que incluso ya amenazan con movilizaciones, se olvidan de los asesinatos de Carmen Tagle o Luis Portero por parte de la banda asesina y terrorista ETA .Me da la impresión de que existe un desconocimiento (voluntario o involuntario no logro saberlo) sobre el trabajo realizado en los últimos 25 años por parte de cierta clase política.

Si el asesino Arróspide Sarasola fue detenido en Anglet (Francia) en 1987 ¿no ha habido ningún representante político con la perspicacia suficiente para encontrar una solución al problema que, sin duda, generaría el cómputo de años de condena dentro o/y fuera de territorio español?

¿No será que a algunos les resulta más sencillo arremeter contra la judicatura para así preservar su imagen ante sus votantes?

Toda esta utilización es indignante. Y más cuando en la década de los 90 algunas víctimas ya planteamos esta situación a ciertos políticos. La pregunta que me hago ahora es “¿dónde coño están ahora para dar la cara y explicar las razones para tal tardanza?”.

Creo que en esta opinión queda muy claro hacia donde creo que deben dirigirse las reclamaciones.