12 diciembre 2014 (3) La Razón

12 diciembre 2014

Un informe de la Guardia Civil implica a «Pakito» en otro atentado

Un informe de la Guardia Civil puede hacer que el histórico dirigente de ETA Francisco Múgica Garmendia, «Pakito», tenga que responder ante la Justicia por un atentado que hasta ahora estaba «olvidado». En concreto, por el cometido por la banda terrorista, a través del envío de un paquete-bomba, el 23 de abril de 1990, a la Escuela de Estudios Penitenciarios de la entonces prisión de Carabanchel (Madrid), que provocó heridas muy graves al subalterno del Ministerio de Justicia Ángel Guerrero Rojas, quien quedó incapacitado para continuar con la labor que desempeñaba.

Ese informe, fechado el pasado 15 de octubre y remitido a la Audiencia Nacional recientemente, al que ha tenido acceso íntegro LA RAZÓN, no duda en situar a «Pakito» en esas fechas como responsable del «aparato militar» y en la «dirección» de la banda: «Los dirigentes de ETA integrantes de su “Comité Ejecutivo” y máximos responsables del “aparato militar” de la banda terrorista en la fecha de la explosión de un paquete bomba en le Escuela de Estudios Penitenciarios de la prisión de Carabanchel, el 23 de abril de 1990, fueron Francisco Múgica Garmendia, alias “Paco” y “Paquito”, y José Javier Zabaleta Elósegui, alias “Baldo”».

La investigación de esta acción criminal, y de la posterior querella presentada por los hijos de la víctima, correspondió al Juzgado Central de Instrucción número 2 de la Audiencia Nacional. El pasado mes de junio, el juez Ismael Moreno dictó un auto de conclusión provisional sin imputar a nadie la comisión de esos hechos. Esta decisión fue recurrida por el abogado Pedro Cerracín, en representación de Ángel y Roberto Guerrero, hijos de la víctima, ante la sección segunda de la Sala de lo Penal, la cual aceptó las peticiones realizadas por la acusación particular. En concreto, Cerracín solicitaba que se pidiese un informe a la Guardia Civil para que identificase al terrorista que tenía la condición de jefe del «aparato militar» de la banda terrorista ETA cuando se perpetró el atentado citado, así como los miembros de ETA que en dicha época –1990– estaban especializados en la preparación de artefactos con paquetes- bomba) y los «comandos» que en la fecha de los hechos operaban y estaban activos para la realización de atentados.

La Sala, de esta forma, revocaba el auto de conclusión y ordenaba al magistrado instructor que practicara las diligencias solicitadas por la acusación particular. De acuerdo con ello, el juez, el pasado 30 de septiembre requería al Servicio de Información de la Guardia Civil un informe sobre esos aspectos. Apenas dos semanas después, estaba cumplimentado ese requerimiento. En el mismo se destaca que fueron «Pakito», «Baldo», José Luis Álvarez Santacristina y José María Arregui Erostarbe los que decidieron, como integrantes entonces del «comité ejecutivo» de ETA, iniciar una campaña de atentados mediante el envío de cartas/paquetes-bomba. Esa decisión derivó en que se impartiesen las «órdenes e instrucciones necesarias para materializar la citada campaña», poniéndose «en funcionamiento los distintos “aparatos” de ETA necesarios para llevar a cabo los atentados». El «aparato militar» fue el encargado de «plasmar» esa decisión de la cúpula etarra.

Fue el dirigente etarra Arregui Erostarbe, «Fiti» quien elaboró esos tipos de explosivos, empleados en varias acciones terroristas llevadas a cabo por la banda entre 1989 y 1992. El siguiente paso era trasladarlos a España, «responsabilidad que recayó en exclusiva en el “aparato militar”» de la banda, del cual era su principal dirigente «Pakito», y del que también formaba parte «Baldo». Estos dos terroristas, junto con «Txelis» y «Fiti» integraban la «cabeza» de la banda cuando se perpetró el atentado contra la Escuela de Estudios Penitenciarios de la prisión de Carabanchel, concluye al respecto el informe de la Guardia Civil.

En el escrito presentado el pasado día 3 por el abogado de la acusación particular, Pedro Cerracín, se destaca que fueron esos cuatro etarras los que «tomaron la decisión» de enviar el paquete-bomba que causó gravísimas heridas al funcionario de prisiones Ángel Guerrero, por lo que se debería seguir la causa contra ellos por ese delito.

Pendiente del Supremo

Precisamente ayer, la Fiscalía de la Audiencia Nacional remitió a la del Supremo el texto para la próxima formalización del recurso contra la decisión de la Sala Primera de lo Penal de la Audiencia de computar el tiempo pasado en las cárceles francesas a los terroristas Santiago Arróspide Sarasola, «Santi Potros», Alberto Plazaola –éstos ya en libertad desde el pasado viernes–, el propio Múgica Garmendia y Rafael Caride Simón. Otro medio centenar de etarras a la espera de que se les descuente también los años que pasaron encarcelados en el país vecino.

Será el próximo martes, día 16, cuando el Pleno de la Sala Penal del Tribunal Supremo se reúna –a iniciativa de su presidente, Manuel Marchena–ante la «trascendencia» del asunto y la «necesidad de unificar criterios» frente a las decisiones contrapuestas de la Audiencia Nacional al respecto –la sección segunda adoptó un criterio contrario respecto al etarra Iñaki Bilbao– para abordar el recurso presentado por el etarra Pedro José Pikabea después de que, el pasado septiembre, la Audiencia se negara a descontarle de su estancia en prisión los diez años que pasó encarcelado en Francia por asociación de malhechores y otros delitos. La resolución que adopte el Supremo sentará jurisprudencia y afectará, por tanto, a los etarras que han cumplido condena en el país vecino y que han pedido que se les descuente en aplicación de una decisión marco del Consejo de Europa de 2008, entre otros los ya liberados «Santi Potros» y Plazaola, así como a «Pakito».