17 diciembre 2014
El Supremo pospone la decisión sobre la acumulación de penas de los etarras
El tribunal pide a las partes que informen sobre la aplicación retroactiva
de la nueva ley
La Audiencia discrepa sobre descontar a los etarras las penas en Francia
Tras más de cinco horas de
debate, la Sala
de lo Penal del Tribunal Supremo ha dejado este martes sin resolver si los
etarras pueden descontarse de sus penas de prisión en España el tiempo que hayan pasado encarcelados en otros países de la Unión Europea.
Los 15 magistrados que componen
el pleno de la Sala
de lo Penal han debatido en sesión de mañana y de tarde sobre el recurso
presentado por el etarra Kepa Pikabea contra
la negativa de la Audiencia Nacional a
que pueda descontarse los años de pena cumplidos en Francia, lo que le
permitiría abandonar ya la prisión. El Supremo pretendía que este caso sirviera
para fijar un criterio único sobre las peticiones presentadas por otros
miembros de ETA para beneficiarse de la acumulación de condenas, pero el pleno
de la Sala de lo
Penal ni siquiera llegó a resolver ayer el caso concreto de Pikabea.
Los jueces acordaron pedirle al
fiscal y a los abogados del etarra su opinión sobre cómo afecta a este caso la Ley que entró en vigor el
pasado 3 de diciembre y que impone restricciones temporales al acuerdo marco
aprobado en 2008 por el Consejo de Europa, que permite a los delincuentes
descontarse en España las penas cumplidas en otros países de la UE. La Sala de lo Penal
esperará la respuesta de la
Fiscalía y de la defensa del preso y se reunirá de nuevo el
13 de enero para resolver el recurso.
Pero no está claro si la
respuesta a este caso concreto servirá de doctrina para todos los demás, entre
ellos los de históricos miembros de ETA como Santiago Arróspide Sarasola, Santi Potros y Alberto Plazaola, excarcelados recientemente después de que la Sección Primera de
la Audiencia
Nacional decidiera aplicarles el acuerdo europeo.
Pero en los últimos días han
sido varios los magistrados de la
Sala de lo Penal que en privado lamentaban las presiones del Gobierno y reclamaban que la decisión definitiva sobre la acumulación de condenas no se
tomara con prisas. Los jueces de este sector abogaban por que, tal y como
finalmente ha ocurrido, el pleno de ayer se centrara exclusivamente en el caso
del etarra Pikabea.
Según estos jueces, es preferible posponer la unificación
de doctrina hasta que, al menos, el fiscal haya presentado su anunciado recurso
contra las excarcelaciones de Santi Potros y de Alberto Plazaola. El 13 de
enero, la fecha prevista para el próximo pleno, los magistrados ya tendrán
previsiblemente sobre la mesa esa documentación, además de la que ayer acordaron
pedir al fiscal y a los abogados de Pikabea.
Según fuentes del Supremo,
varios magistrados defendieron este martes que el recurso presentado por los
abogados de Pikabea no puede resolverse aplicando con efecto retroactivo una
ley, la española que desarrolla el acuerdo europeo, que ni siquiera existía
cuando este preso de ETA recurrió la decisión de la Audiencia de mantenerle
en prisión.
La retroactividad de la norma
es una de las claves sobre las que tiene que decidir el Supremo, que debe
dictaminar también si la norma española, que solo aplica la acumulación de
penas a las condenas posteriores al 15 de agosto de 2010, puede prevalecer
sobre el acuerdo europeo, que no impone esta restricción. Algunos magistrados
hicieron ver que el Gobierno incorporó a última hora en el Senado ese límite a
la ley después de que el Supremo se pronunciara en marzo a favor de descontar
las condenas cumplidas en Francia al etarra Urrusolo.
Opinión:
Hay quien se queja de que habrá que esperar hasta enero del 2015 para conocer una decisión judicial, pero jamás les he oído quejarse, ni siquiera mover un dedo, para encontrar o proponer una solución a esta problemática en los últimos 27 años.
Hay quien se queja de que habrá que esperar hasta enero del 2015 para conocer una decisión judicial, pero jamás les he oído quejarse, ni siquiera mover un dedo, para encontrar o proponer una solución a esta problemática en los últimos 27 años.
Incluso presentan comunicados y escritos dirigidos a
la Administración
de Justicia sin antes solicitar la opinión a las víctimas afectadas. A mi me es
indiferente porque ya hace años que no me siento representado por nadie pero es
que luego las quejas de muchísimas víctimas me llegan directamente a mi.
Sinceramente, creo que es imprescindible dar tiempo
a los jueces para que den respuesta al problemón en el que ciertos políticos
les han metido.
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