22 diciembre 2014
Urkullu idea
un comité vasco para el desarme
El Gobierno del PNV excluye
expresamente del proceso a las Fuerzas de Seguridad del Estado
El lehendakari, Iñigo Urkullu, reaccionó con
desacostumbrada celeridad a un despacho del denominado Comité Internacional de
Verificación (CIV), el grupo de expertos capitaneados por el ceilandés Ram
Manikkalingam que dio cobertura al exiguo «gesto de desarme» que ETA escenificó
en febrero de 2014, quienes manifestaron ayer sin más concreciones que los
terroristas caminan hacia un desarme «completo». El presidente vasco, en plena
tarde de domingo, envió un comunicado urgente en el que hace constar que «un
sellado de armas sin verificación y sin calendario equivale a nada y no es un
escenario aceptable». En este contexto, el Gobierno vasco del PNV tienta a ETA,
a la que advierte de que la puerta de la negociación con el Estado está cerrada
a cal y canto y de que «el desarme por incautación policial» es un «riesgo»
para la organización terrorista, y le ofrece una vía vasca para la entrega de
las armas, que se sustanciaría ante un «comité» que ejerza de «representación
de la sociedad vasca».
En un detallado documento llamado Propuesta de procedimiento
para un desarme rápido, viable efectivo, basado en un gesto unilateral de ETA
ante la sociedad vasca y con cobertura social, internacional e institucional y
en el que queda perfectamente plasmada la huella del secretario de Paz y
Convivencia del Gobierno vasco, Jonan Fernández, Urkullu detalla que ese
«comité» estaría compuesto por una representación del Foro Social para el
impulso del «proceso de paz», órgano alentado por Lokarri (la plataforma que
organizó la Conferencia
de Paz de Aiete y que fundó Fernández con el nombre de Elkarri), por «agentes
internacionales» que no se especifican y, finalmente, por «representantes del
Gobierno vasco». «Se solicitará el apoyo del Parlamento Vasco para este
comité», agrega el lehendakari, aunque no fija como vinculante la opinión de la Cámara vasca, en la que el
PNV está en minoría (27 escaños), por 21 de la izquierda abertzale y 27 de las
fuerzas no nacionalistas (PSE-EE, PP y UPyD).
Queda excluida, por lo tanto, cualquier
participación del Estado y, por ende, de Guardia Civil y Policía Nacional.
Tanto el PP como los socialistas siempre han defendido que una hipotética
entrega de armas debería efectuarse en todo caso ante las Fuerzas de Seguridad
del Estado.
ETA, según esta propuesta, debería «aceptar» materializar
el desarme ante los «buenos oficios» de ese comité vasco y concretar «un plazo»
en el que llevarlo a término. Los terroristas deberían «estructurar el depósito
de todas sus armas y explosivos en un número determinado de almacenamientos
localizables y seguros para la población» y entregar las coordenadas de esos
lugares a todos los miembros del comité excepto a los del Gobierno vasco –se
entiende que es un guiño para que los terroristas no tengan miedo de ser
detenidos–.
Sólo en segunda instancia el Ejecutivo vasco tendría
información de la localización de las armas. ¿Qué haría? «Actuará como
legalmente proceda», indica el documento del lehendakari, sin más
especificaciones sobre las decisiones que pudiera adoptar la Ertzaintza.
El responsable de Paz y Convivencia de Urkullu,
Jonan Fernández, declaró ayer por la noche a la radiotelevisión pública vasca
que «ETA no debe desarmarse ante los Estados, sino ante la sociedad vasca». «El
no-desarme es una hipoteca que ETA obliga a pagar a la sociedad vasca. Es una
deuda que tiene contraída con la sociedad vasca», abunda el documento publicado
ayer.
Costes y
beneficios
El Gobierno del PNV trata de convencer a ETA de la
necesidad del desarme ante un comité vasco con un análisis de costes y
beneficios. El Ejecutivo de Urkullu interpreta que prorrogar la situación
actual de una organización terrorista silente pero con todo su arsenal en su
poder no sólo es negativo porque hace que «la amenaza de violencia» no haya
desaparecido del todo sino porque «favorece el inmovilismo en materia de
política penitenciaria y perjudica a los presos [de ETA] y a sus familias».
Además, «bloquea la normalización de la izquierda abertzale en el juego
político».
«El desarme –continúa el Gobierno– crearía condiciones favorables para un cambio en la política penitenciaria y en la situación de los presos y sus familias [y] liberaría al sector socio-político de la izquierda abertzale de una buena parte del lastre de su pasado».
«El desarme –continúa el Gobierno– crearía condiciones favorables para un cambio en la política penitenciaria y en la situación de los presos y sus familias [y] liberaría al sector socio-político de la izquierda abertzale de una buena parte del lastre de su pasado».
Urkullu, que no ha ocultado su desazón con lo que interpreta como un «inmovilismo» del Gobierno de Mariano Rajoy en el «proceso de paz», se queja de que «en las condiciones actuales» de bloqueo por parte de Madrid existen «dificultades operativas» para que ETA complete el desarme. Es más, establece una relación de tres factores por los que han pasado 38 meses desde el «cese definitivo» de la actividad terrorista sin este paso y sitúa como el primero «la no colaboración del Gobierno español». El segundo sería «la complejidad operativa de un desarme sin colaboración del Estado» y sólo al final se alude al «interés táctico de ETA» por «posponer» su capitulación.
El presidente del PNV, Andoni Ortuzar, y la consejera de Seguridad, Estefanía Beltrán de Heredia, declaran que
NOVIEMBRE DE 2013
ETA escenifica en un vídeo en el que aparece el
comité de verificación de Ram Manikkalingam un «gesto de desarme» exiguo y que
no ha tenido continuidad.
21 DE FEBRERO DE 2014
Iñigo Urkullu y Jonan Fernández apoyan con un viaje
relámpago a Madrid a Ram Manikkalingam y a todo su equipo tras ser citados por la Audiencia Nacional.
23 DE FEBRERO DE 2014
El ‘lehendakari’ asume por vez primera en público
que el «gesto de desarme de ETA» es «insuficiente» y emplaza a los terroristas
a que den más pasos en esa dirección.
28 DE FEBRERO DE 2014
Covite denunció ayer que la placa que este colectivo
de víctimas del terrorismo colocó el pasado domingo en San Sebastián, gobernado
por la izquierda ‘abertzale’, en memoria de Miguel Paredes y Elena Moreno,
asesinados por ETA en esta ciudad en 1990, ha sido «arrancada» y advirtió de que
volverá «a colocarla cuantas veces sea necesario». Esta placa fue instalada por
primera vez en la calle de San Lorenzo, en la Parte Vieja
donostiarra, el 19 de octubre, pero dos días después fue retirada por el
Ayuntamiento de EH Bildu porque no contaba con la autorización municipal. El
alcalde de San Sebastián, Juan Karlos Izagirre, dijo entonces que Covite sabía
que la colocación de una placa «requiere una solicitud y un procedimiento
burocrático» y apeló a que se consensuaran «qué tipo de homenajes hay que hacer
a todas las víctimas», en un foro además «no excluyente», en alusión a las
«víctimas del Estado». Covite volvió a instalar la inscripción y de nuevo ha
sido retirada.
El ‘lehendakari’ ofrece a ETA completar su desarme ante un «comité vasco». «No debe desarmarse ante los Estados, sino ante la sociedad vasca», opina el Gobierno del PNV.
El ‘lehendakari’ ofrece a ETA completar su desarme ante un «comité vasco». «No debe desarmarse ante los Estados, sino ante la sociedad vasca», opina el Gobierno del PNV.
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