5 diciembre 2014
Las víctimas, indignadas, denuncian que “jueces que hacen política burlan
la ley”
Hace tres años que ETA dejó de
matar, pero sus víctimas siguen
sufriendo los efectos devastadores de cincuenta años de terrorismo. La
negligencia de algunos jueces hizo posible en su día que pistoleros de la banda
aprovecharan una injustificada y prolongada libertad condicional para huir; y
la desidia sigue permitiendo que hayan prescrito numerosos crímenes, o que
otros muchos, más de 300, estén aún sin resolver porque los sumarios se perdieron en algún
oscuro sótano de la
Audiencia Nacional o quedaron convertidos en papel mojado por
inoportunas goteras.
Pero cuando ha llegado del
corazón de Europa alguna sentencia injusta —liquidación de la doctrina Parot—,
o alguna directriz perdida en ambigüedades — Decisión Marco sobre acumulación
de penas— esos mismos jueces no han
tardado un minuto en aplicarlas mediante resoluciones exprés y en los
términos que más favorecen a los terroristas. Las víctimas, una vez más, están
indignadas por la rapidez, en estos casos, de una justicia que casi siempre es
lenta.
Desconfianza en los jueces
Desanimada,
impotente, llegó a decir que en España “no nos podemos fiar ni de los jueces ni
de la Justicia ”,
porque “sólo velan por sus intereses”. “La
decisión me parece la mayor indignidad en un país en el que ha habido más de 50
años de asesinatos sin que ninguna víctima se haya tomado la justicia
por su mano para ahora tener que soportar esto”, concluyó, más que indignada.
El Colectivo de Víctimas del
Terrorismo, Covite, censuró por «ser inmoral y de dudosa legalidad y
legitimidad» la decisión de la sección Primera de reducir las penas por
acumulación de condenas de los terroristas. Y la criticó, especialmente, porque
se adoptó pocas horas antes de la entrada en vigor de la ley aprobada en el
Congreso el pasado 12 de noviembre, “con
el único propósito de evitar su cumplimiento y burlar la voluntad del
legislador, que no era otra que la de impedir dicha acumulación de
condenas y como consecuencia, impedir la excarcelación de los terroristas”.
Este colectivo de víctimas
esgrimió como «una prueba irrefutable» la decisión contraria que tomaron los
magistrados de la
Sección Segunda de la Audiencia Nacional
en las mismas fechas, por la que deniegan la acumulación de condenas al etarra
Iñaki Bilbao. “Esta decisión respeta la
voluntad del legislador y, además, interpreta debidamente la Decisión Marco ”.
El colectivo que preside Consuelo Ordóñez confía en que el Tribunal Supremo
anule la puesta en libertad.
Asimismo, mostró su respaldo a
la citada ley Orgánica que transpone a la legislación española la Decisión Marco de
2008, e impide la acumulación de penas impuestas en otros países. Sin embargo,
criticó “la dejadez de los legisladores, ya que si la norma se hubiera desarrollado a su debido tiempo, se habría
evitado que hoy estemos viviendo una situación de escandalosa injusticia
que ahonda en el dolor de las víctimas”.
“Rematar a las víctimas”
Por su parte, el presidente de la Asociación Catalana
de Víctimas de Organizaciones Terroristas (ACVOT), José Vargas, mostró su
profunda “indignación y cabreo” por la
excarcelación de los etarras “Santi Potros” y Plazaola. En su opinión, “los
únicos que tienen ventaja y privilegios en España son los asesinos”. En este
sentido, añadió que las víctimas están cada vez más “ninguneadas, humilladas y,
sobre todo, olvidadas”.
El presidente de la ACVOT advirtió de que “hoy
muchas de las víctimas sufren una
recaída psicológica por culpa tanto de los magistrados como de los asesinos que
salen en libertad”. Para Vargas, la decisión de la Sección Primera ha
servido para, “entre magistrados y asesinos”, dar “un remate final a las
víctimas”.
Roberto Manrique, víctima del
atentado de Hipercor, lamentó que la excarcelación de “Santi Potros” se haga
por una “cuestión política”. En su opinión, es “doloroso saber que el inductor
del atentado que me destrozó la vida” esté en libertad, pero se mostró a favor
de que se cumplan las directrices que marca la Unión Europea. “Somos
Europa para lo bueno y para lo malo”, dijo. Aunque consideró que las cosas se
han hecho apresuradamente: “Ahora se
deciden a discutir si los años de los presos en Francia son compatibles.
Cuando a Arrospide se le detuvo en el 87 estuvo 10 años en Francia”.
Opinión:
Me gustaría aclarar ciertos conceptos periodísticos
que no comparto. No estoy de acuerdo con que “LAS” víctimas ,
denuncian que “jueces que hacen política burlan la ley” . Considero que los
jueces deben aplicar la legislación que hacen los políticos y por ello habría
que exigir que algún político diera la cara y explicara el trasfondo de esta
decisión, tomada de manera urgente. Por desgracia, sospecho que los “reporesentantes”
de “LAS” víctimas no se atreven a exigir esas explicaciones políticas y
prefieren buscar las razones en la clase judicial.
Tampoco puedo compartir que
gente que no es víctima de ETA o que jamás, por el atentado sufrido, han pisado
un hospital y mucho menos un cementerio se arroguen el derecho a opinar en
nombre de otras personas que si hemos sufrido los daños de un atentado. Y menos
todavía si lo hacen sin antes consultarnos la opinión…
Habría que explicar también que
durante muchos años se realizó una pedagogía en el mundo de “víctimas del
terrorismo” (no de “LAS” porque nunca se pudo llegar a todas). Y esa pedagogía
consistió en explicar, pese a lo duro y doloroso de la cuestión, que estas
salidas de prisión llegarían basándose en el Código Penal de 1973 y que unas
pocas víctimas conseguimos modificar en 1995.
Por mi parte no existe ningún
tipo de desconfianza en los jueces y no comparto en absoluto las declaraciones
de otras personas en las que atacan al órgano judicial sin atreverse a exigir
explicaciones a los verdaderos responsables, que son los políticos que ha
tardado tantos años en encontrar un hueco para discutir sobre el cómputo (o no)
de los años de prisión cumplidos en otro país que no sea España. ¿Qué les deben
a esos políticos para descargar la responsabilidad en otros ámbitos?
Para terminar, aclarar que
muchas víctimas conocemos desde hace muchos años la realidad jurídica y
legislativa española y, por tanto, estábamos preparados para todo lo que ahora
está ocurriendo. Tema diferente es que, a nivel moral, sea doloroso. Lo es, y
mucho… pero entendemos que el vivir en un Estado de Derecho nos permite exigir
nuestros derechos y nos obliga a acatar lo que no nos guste.
Siempre estaremos esas víctimas
que, al contrario que otras, ponemos el interés común por delante de nuestro propio
interés o protagonismo personal.
Dicho esto, si el Tribunal
Supremo cambia esta decisión… perfecto. Y si no lo hace, respetaré la ley
porque exijo su cumplimiento. Me guste o no, es lo que hay.
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