06 diciembre
2014
El final de la violencia terrorista
Interior ignora el número real de
muertos por ETA: sus estadísticas reflejan 26 asesinatos en el limbo
Un informe del
Gobierno vasco revela que cinco años y medio después del último crimen de la
banda ninguna Administración conoce la cifra exacta de víctimas mortales.
Incluso el Ministerio muestra en su web oficial dos cantidades dispares.
Más de cinco años después de que ETA cometiera su último
atentado mortal en España, el que costó la vida a dos guardias
civiles en Palma en el verano de 2009, la cifra definitiva de víctimas mortales
de la banda terrorista sigue siendo un misterio. Un informe del Gobierno vasco
hecho público este viernes detalla que, según las fuentes que se consulten,
esta cifra varía entre los 829 y los 858, y que ni el Ministerio del Interior
tiene claro el número exacto. De hecho, la web del departamento que dirige Jorge Fernández Díaz
recoge dos cantidades diferentes en su web con una diferencia de nada menos que
28 víctimas mortales.
El ejecutivo de Iñigo Urkullu ha
dado ahora la suya, 849, que tampoco coincide con las conocidas hasta ahora.
El documento,
elaborado en el marco del Plan de
Paz y Convivencia puesto en marcha por el Gobierno
vasco para la "clarificación del pasado", analiza al detalle
todos los crímenes cometidos entre
1960 y 2014 por ETA y los grupos de extrema derecha dentro de
lo que denominan "caso vasco". Su objetivo: conocer cuántos de los mismos se encuentran
sin esclarecer. En total, cifra en 927 todos ellos, de los
cuales 849 habrían sido perpetrados por la organización terrorista. No
obstante, el estudio reconoce que esta cifa no coincide con la que manejan ni
el Ministerio del Interior ni las
principales asociaciones de víctimas, e, incluso, ni con los
estudios realizados hasta ahora y que se han plasmado en dos libros, Vidas rotas y La derrota de ETA: de la primera a la última víctima.
Así, señala
que el Ministerio del Interior "consigna
en su página web 1.380 víctimas mortales entre 1960 y 2014, de las que 829
fueron provocadas or ETA". Sin embargo, dentro del mismo
departamento, la
Dirección General de Apoyo a Víctimas de Terrorismo modifica
estas cifras y detalla que las víctimas ocasionadas por la organización
terrorista fueron 843, a las que suma otras 12 perpetradas "por el
radicalismo afín a la banda". En total, 855 fallecidos. Un informe del
mismo organismo elaborado en 2010, con motivo de la presidencia española de UE,
elevaba incluso un poco esta cifra hasta
los 856 muertos.
El
incendio del Hotel Corona de Aragón
La confusión
es mayor, según los autores del informe del Gobierno vasco, porque el listado
de Interior incluye a 64 de las 78
personas fallecidas en el incendio del Hotel Corona de Aragón el 12 de julio de
1979. En el documento dado a conocer ahora, se resalta que
"lo sucedido nunca quedó demostrado ni aclarado totalmente" y que la Audiencia Nacional
dictó un auto en 1980 afirmando que no había quedado acreditado que el suceso
[...] tuviera carácter terrorista". Los hechos fueron sobreseídos en 1982, aunque en abril
de 2013 el juez Fernando Andreu
reabrió la causa y pidió un informe a la Policía para determinar si ETA estaba detrás. Los
agentes le informaron que "ningún
nuevo dato" avalaba dicha hipótesis y el magistrado dio carpetazo al asunto en julio del año pasado.
Tampoco las
cifras manejadas por las asociaciones de víctimas sirven para concretar el
número exacto de fallecidos a manos de ETA. Así, la
Fundación de Víctimas del Terrorismo atribuye a la organización terrorista 829,
idéntica a la más baja del Ministerio del Interior. Por su parte, el Colectivo
de Víctimas del Terrorismo en el País Vasco (COVITE) eleva esta cifra a 858, la más alta
de todas, mientras la
Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) "no incluye una estadística en su web",
señalan los autores del nuevo informe del Gobierno vasco. En total, números
situados en una horquilla cercana a la
treintena de asesinatos.
Por ello, el
estudio hace una análisis de lo que denomina "casos controvertidos". En total, identifica
44, que van desde es que es considerada primera víctima de la banda, la niña Begoña Urroz, muerta el 28 de junio
de 1960, hasta una muerte mucho más reciente, la de Ambrosio Fernández, acaecida en
marzo de 2007. Así, los autores del documento señalan que pese a que el
fallecimiento de la menor fue reconocido oficialmente por Interior como
cometido de ETA, "una reciente investigación permitió localizar en mayo de
2013 un informe policial de 1961
que atribuye la responsabilidad del
mismo al Directorio Revolucionario Ibérico de Liberación (DRIL)".
Por ello, los autores del nuevo informe no lo encuadran entre las víctimas de
la banda armada, sino en el listado de "atentados de autoría desconocida y otros".
De ETA
al BVE
Las discrepancias entre los listados de
Interior, el nuevo del Gobierno vasco, los de las asociaciones de víctimas y
los recogidos en los dos estudios convertidos en libros son, en algunos casos, muy llamativas. Así, el departamento
de Fernández Díaz no incluye en su relación oficial de víctimas al policía Valentín Godoy, muerto en junio de
1977 en un atentado que entonces reivindicó el desconocido grupo Doble G (Gazte
Gudaroste-Ejército Joven). Sin embargo, en 2005 el Consejo de
Ministro ascendió a este agente a oficial como víctima del terrorismo. También
claras diferencias hay a la hora de adjudicar la muerte del taxista Martín Merquelanz, ocurrida en mayo
de 1978. Interior y las asociaciones de víctimas señalan a ETA, mientras que la
familia de la víctima y el Ejecutivo de Urkullu apuntan hacia el Batallón Vasco Español (BVE).
Algo similar
ocurre con el asesinato de Juan José
Lopategi, supuesto militante de ETA fallecido de un disparo en
la cabeza en la localidad francesa de Anglet en agosto de 1979. El departamento de Fernández Díaz se
lo atribuye a la propia organización terrorista, mientras COVITE y el Gobierno
vasco señalan al BVE. La AVT ni siquiera alude a él en sus listados.
Parecida situación se plantea con José
Antonio Cardosa, cartero de profesión que murió al estallar un
paquete bomba dirigido a un militante de la extinta Herri Batasuna (HB). La
autoría del crimen nunca fue aclarada pese a que el juez Baltasar Garzón investigó la posible mano de
los GAL tras ella. No obstante, Interior lo incluye como
víctima de ETA; COVITE se lo adjudica a la 'guerra sucia', y la Fundación de Víctimas
del Terrorismo y la AVT
ni lo mencionan. El
nuevo informe del Ejecutivo de Urkullu ha optado por incorporarlo a su lista de
"víctimas de autoría desconocida
y otros".
El documento
desglosa de igual modo el resto de los 44
"casos controvertidos" y, en algunas ocasiones,
incluso destaca que ni los autores del informe se pusieron de acuerdo sobre a
qué grupo terrorista había que adjudicar la autoría de la muerte. Es el caso,
precisamente, del más reciente
de los fallecidos sobre el que hay dudas, Ambrosio Fernández. Este anciano falleció en 3 de marzo
de 2007, dos meses después
de que un grupo de jóvenes de la 'kale borroka' lanzaran bombas incendiarias
contra un cajero situado bajo su domicilio, en la localidad guipuzcoana de
Mondragón. El anciano fue desalojado por el incendio posterior y días después fue ingresado en la UCI de un hospital.
Un médico certificó que lo sucedido aquella noche había provocado un
empeoramiento de la salud del anciano y su
posterior muerte. Por ello, Interior lo incluye en su relación
de víctimas de ETA. El informe, pese a la discrepancia de algunos de sus
autores, no lo hace.
Hoy es posible
encontrar en la página web del Ministerio dos cifras diferentes de víctimas de
ETA: 829 y 855. Un informe anterior de la Dirección de Apoyo a las Víctimas daba una
tercera: 856
El informe del
Gobierno vasco analiza 44 "casos controvertidos" de asesinatos cuya
autoría es adjudicada a bandas diferentes por el Ministerio, las asociaciones
de víctimas y el propio Ejecutivo de Urkullu
Interior
ignora en su listado a un policía asesinado en 1977 a quien, sin embargo,
el Gobierno reconoció oficialmente como víctima del terrorismo en 2005
Opinión:
Interesantísimo
y muy completo reportaje de Oscar Lopez Fonseca, quien tiene la valentía de
adentrarse en ese submundo de las contradicciones existentes en la cuestión de “las”
víctimas del terrorismo y que algunos ya hemos planteado en alguna ocasión, en defensa de la dignidad de "las" verdaderas víctimas anónimas. Y digo contradicciones, exponiéndolas de manera esquemática.
1) La Fundación de Víctimas
del Terrorismo no es una asociación, sino el ente que engloba a las numerosas
asociaciones de víctimas existentes. Es, de hecho, una creación de la ANTIGUA Asociación
2)
La Fundación de Víctimas del Terrorismo no
es una asociación, sino el ente que engloba a las numerosas fundaciones existentes
a nombre de una sola víctima.
3)
Que el Ministerio de Interior no
cuadre sus propias cifras no es de extrañar. De hecho, no se puede esperar exactitud
de aquellos a los que no les interesa lo mas mínimo la información aportada por
un servidor sobre una relación de decenas de nombres y apellidos de ciudadanos
susceptibles de haber sido víctimas de atentados en Cataluña, tras el estudio
presentado en diciembre de 2010 y que intenté, sin éxito, entregar al propio
Ministerio en marzo del presente año. Si no les interesa localizar a posibles víctimas
¿cómo confiar en que tengan los datos exactos de las demás?
4)
En cuanto al tema de las víctimas que
presentan las asociaciones, hay que tener en cuanta que cada entidad puede, según
los estatutos de la propia asociación, aceptar como miembro a quien crea
conveniente. Como consecuencia, el hecho de “pertenecer” como socio o miembro a
una asociación de víctimas del terrorismo no es garantía de “ser” una víctima
del terrorismo.
5)
Otra cuestión a comentar estriba en la situación en la que
se encuentran muchas víctimas del terrorismo ya que pertenecen a varias
asociaciones al mismo tiempo, lo cual hace imposible que los listados que se
presenten desde diferentes asociaciones cuadren mínimamente con los listados
oficiales. Si algún día el Ministerio de Interior se atreviera a cotejar esos
datos se llevaría una desagradable sorpresa, incluso al descubrir que muchas
personas que se hayan inscritas en asociaciones no cumplen un requisito
imprescindible: tener su número de expediente abierto en el propio Ministerio.
Duele decir esto pero si algún día se cotejaran esos datos habrían sorpresas
que no gustarían a determinadas personas.
6)
En cuanto al tema del Hotel “Corona de
Aragón” hay que recordar que las víctimas del mencionado suceso han sido
indemnizadas por la Ley
de Solidaridad de Víctimas del Terrorismo 32/1999. Conozco de primera mano la
situación porque en 2000 tramité diversas solicitudes de indemnización al
respecto de ese “suceso”. Por tanto, si fueron indemnizadas al amparo de la
legislación aplicable a “víctimas del terrorismo” debe ser que fueron
reconocidas en su momento como tales.
Resumiendo… no me extraña que
las cifras no cuadren porque ni siquiera los responsables de la cuestión tienen
claro quién es víctima del terrorismo. Según la legislación 32/1999… la
definición mas aproximada sería 1) Las víctimas de actos de terrorismo o de hechos
perpetrados por persona o personas integradas en bandas o grupos armados o que
actuaran con la finalidad de alterar gravemente la paz y seguridad ciudadana...
2) En el supuesto de fallecimiento de las
víctimas:
a) Las personas que hubiesen sido designadas
derechohabientes en la correspondiente sentencia firme o sus herederos. b) Cuando no
hubiera recaído sentencia, el cónyuge no separado legalmente o, en su caso, la
persona que hubiera venido conviviendo con la víctima de forma permanente con
análoga relación de afectividad a la del cónyuge, durante al menos los dos años
anteriores al momento del fallecimiento, salvo que hubieran tenido descendencia
en común, en cuyo caso, bastará la mera convivencia, y los herederos en línea
recta descendente o ascendente hasta el segundo grado de parentesco.
¿Seguimos investigando?
No hay comentarios:
Publicar un comentario