05
diciembre 2014
El ministro de Justicia pide a la Fiscalía que recurra las excarcelaciones y las
víctimas se indignan
Santiago
Arrospide Sarasola, ‘Santi Potros’, el histórico jefe militar de ETA en los
ochenta, ingresó en la banda terrorista con 20 años, fue detenido con 39 y ayer
salió del centro penitenciario de Villena (Alicante) con 66 años, después de
pasar de forma ininterrumpida más de 27 años entre cárceles de Francia y
España.
La
fecha del licenciamiento de ‘Santi Potros’ estaba prevista para septiembre de
2025, así lo dijo el Tribunal Supremo hace dos meses. Sin embargo, la vía
abierta en marzo en ese tribunal por el etarra arrepentido Joseba Urrusolo
Sistiaga, por la cual se estimaba un acuerdo marco europeo mediante el cual se
descontaba a la condena en España los años cumplidos en Francia, llevó a la Audiencia Nacional
a recalcular su pena y comprobar que esta venció en enero de 2013, por lo que
ordenó su inmediata puesta en libertad.
Junto
al que fuera jefe máximo de los comandos ‘liberados’ de ETA, bajo cuya
dirección se llevaron a cabo dos de los atentados más sangrientos de la banda,
el de Hipercor en Barcelona en 1987 (21 muertos) o el de la Plaza República
Dominicana de Madrid en 1986 (12 muertos), también fue excarcelado el etarra
Alberto Plazaola Anduaga, que abandonó la prisión de Texeira (La Coruña ) tras permanecer 24
años entre rejas. Su licenciamiento definitivo estaba previsto para 2030.
La
puesta en libertad de ambos fue decretada por la sección primera de la Sala de lo Penal, presidida
por Manuela Fernández de Prado y los magistrados Javier Martínez Lázaro y Ramón
Sáez Valcárcel. La decisión llegó después de recibir el nuevo cálculo de sus
condenas de sus respectivos centros penitenciarios, una vez que el tribunal
acordó descontar el cumplimiento de sus penas en cárceles francesas en virtud
de la citada decisión marco de la Unión Europea de 2008, y que España no incorporó
a su ordenamiento jurídico hasta este miércoles.
La
revisión de las penas de estos dos etarras fue recurrida el miércoles por la Fiscalía ante el Tribunal
Supremo. Entendió que las condenas en Francia y España deben tener conexión y
que en todo caso se excluyen las dictadas en el país vecino de 2010, según
menciona el acuerdo europeo introducido ahora en todos los países de las UE.
Las
resoluciones de la sección primera difieren de la tomada el martes por la
sección segunda respecto al etarra Iñaki Bilbao, alias ‘Iñaki de Lemona’.
El
ministro de Justicia, Rafael Catalá, mandó ayer un mensaje a la Fiscalía para que recurra
las excarcelaciones y solicite su suspensión cautelar. El fiscal general del
Estado, Eduardo Torres-Dulce, se mostró «preocupado» por las excarcelaciones.
La
presidenta de la Asociación
de Víctimas del Terrorismo, Ángeles Pedraza, aseguró que es «una vergüenza para
víctimas, ciudadanos y para toda España». Roberto Manrique, víctima de
Hipercor, afirmó que es una «cuestión política».
Opinión:
Me gustaría aclarar un concepto que se puede leer en el subtitular y
que, entiendo, no es del todo acertado. Dice que “el ministro de Justicia pide a la Fiscalía que recurra las excarcelaciones y las
víctimas se indignan”. Evidentemente, como víctima no me indigna que se
recurran las excarcelaciones. Todo lo que sea utilizar la legislación es bienvenido. Eso que
quede claro.
Dicho lo cual, no estoy de acuerdo
con que la decisión de la Audiencia Nacional
Aunque me surge una pregunta: ¿aparecerá algún día un/a juez/a explicando
las presiones políticas que, sospecho, habrán recibido desde las esferas políticas?
Y para terminar ¿cuándo aprenderá la Señora Pedraza
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