11 abril 2015 (24.02.15)
Las víctimas
canarias del terrorismo reclaman que se juzguen 300 casos
Interior se
reúne con más de 150 familiares para dar a conocer las ayudas
“Es
inadmisible que España no haya celebrado un juicio”
La presidenta de Acavite, Lucía Jiménez, realizó
esta petición durante la reunión que mantuvieron más de 150 familiares de víctimas
con la directora general de Apoyo a Víctimas del Terrorismo, Sonia Ramos, en la
delegación del Gobierno en Canarias. En el acto,Lucía Jiménez solicitó a
Interior, la Audiencia Nacionalla Fiscalía General
Jiménez calificó como “inadmisible” que España “no
haya tramitado, localizado, juzgado, capturado ni celebrado un solo juicio
contra los asesinos” y denunció la “perversa dejación” de las administraciones “ante
un tema tan sangrante y doloroso para nuestras abandonadas y desprotegidas familias”.
Asimismo, Jiménez señaló el presidente de la Audiencia Nacionalla Sala de lo Penal, Fernando Grande Marlaska, ya le
han prometido tratar de resolver los 300 casos de terrorismo tras recibir un
listado de los atentados.
En la reunión, Sonia Ramos y las subdirectoras de
Ayuda y Apoyo a Víctimas del Terrorismo, Eva Blanco y Paloma Pérez, explicaron
las ayudas y derechos a los que se pueden acoger las víctimas. Ramos incidió en
la prestación de atención en el ámbito laboral, familiar, social y escolar, así
como los aspectos indemnizatorios. Sin embargo, Lucía jJménez apuntó que
estas prestaciones son inviables en las Islas mientras no exista una ley
canaria sobre la materia y tildó de “paupérrimas” las indemnizaciones que
reciben en comparación con las que se concede a víctimas de ETA o del 11-M.
Al encuentro, en el que también estuvo presente la
delegada del Gobierno, Maria del Carmen Hernández Bento y el subdelegado, Luis
Molina, acudieron víctimas de los ataques terroristas como el majorero Antonio
Martín Hernandez, quien estuvo secuestrado siete meses y diez días por el
Frente Polisario en un zulo de El Aaiún. O Soraya Perez, hija de un isleño que
resultó herido en un atentado del Frente Polisario en 1976. Pérez criticó la “cobardía”
de las distintas formaciones políticas del parlamento de Canarias, que no han
aprobado durante la actual legislación la ley canaria de víctimas del
terrorismo prometida por el presidente del Gobierno de Canarias, Paulino
Rivero. “Nos han mentido”, se quejó.
Antonio Martín Pérez, secuestrado siete meses y diez
días:
“Pasé siete meses y diez días secuestrado en un zulo
y con la misma ropa”
Soraya María Pérez, hija de una víctima:
“Los partidos nos han mentido con la ley canaria de
víctimas del terrorismo”
Víctor González, hijo de víctima:
“Mi madre nunca tuvo un nivel de vida normal por
culpa de la bomba del Mpaiac”
Melitona Hernández, familiar de desaparecidos:
“En el hundimiento del “Cruz del Mar” perdía a mi
hijo, mi padre, mi marido y mi primo”.
Opinión:
Desde que aquel lejano 22 de septiembre de 2006 tuve
la oportunidad de presentar la entonces recién creada Asociación Canaria de
Víctimas del Terrorismo (Acavite) he tenido contacto constante con Lucía Jiménez
y la gente que le ha ido apoyando con el paso del tiempo y me constan las
trabas que han ido sufriendo desde ese momento para que las actividades cometidas
entre 1974 y 1988 del entonces llamado “subversivo” Frente Polisario fueran
reconocidas como atentados terroristas.
Personalmente no conozco en profundidad la historia
del Frente Polisario como para ofrecer datos mas concretos, pero sí conozco las
circunstancias de dos ciudadanos residentes en Cataluña de los que preparé sus
expedientes como “víctimas del terrorismo” de cara a la legislación
indemnizatoria. Y me consta que ambos fueron reconocidos como víctimas de pleno
derecho, motivo por el que entiendo absolutamente ajustado a derecho que el
resto de ciudadanos (especialmente de origen canario) que sufrieron los ataques
de ese grupo sean reconocidos igualmente como víctimas. Solo faltaría que a las
diferentes categorías que la administración plantea entre víctimas del
terrorismo tuviéramos que añadir a las víctimas del Frente Polisario en una
división inferior.
Una de aquellas víctimas me envía, de su puño y
letra, esta explicación que considero suficientemente demostrativa de la
situación que llevan viviendo:
“Desmontando las mentiras construidas entono al
Frente Polisario y su justificación romántica…Y contra los sucesivos gobiernos
democráticos que se han puesto de perfil de forma ignominiosa, pero son atentados
terroristas claros y delitos de lesa humanidad contra la población civil
canaria/española contra un grupo concreto y fines concretos de exterminio a
cambio de la independencia del Sáhara y para presionar a España desde 1974
hasta finales de 1988 contra trabajadores de las minas de fosfatos de Fosbucrá
en el Sáhara español, y marineros que faenaban en aguas territoriales...”
Me consta también que estas gestiones se han
desarrollado hasta llegar a la Audiencia
Nacionalla Administración que debería garantizar sus derechos y su
seguridad. Estaríamos hablando de 300 acciones que, en su momento y pese al
tiempo transcurrido, deberían ser reconocidas como terroristas.
Ante la soledad, el desamparo y el olvido a la que se enfrentan todas estas víctimas solo
me queda ofrecerles mi colaboración... tal y como hice aquel 22 de septiembre
de 2006 sin imaginar, ni por lo mas remoto, que llegarían a encontrarse tantas
y tantas familias desamparadas.
Y luego los representantes del Ministerio de
Interior ya pueden ir a la ONU ,
a la OTAN , al
Parlamento Europeo o a donde les de la real gana a explicar a quien se lo quiera
creer “lo bien que trabajamos en beneficio de las víctimas del terrorismo en
España”... mientras les ofrecen (ofrecemos) datos completos de víctimas que
necesitan ser localizadas y, por lo tanto, atendidas.... mientras miran hacia
otro lado o te dicen “que la víctima que quiera algo ya sabe donde estamos”.
Hipocresía. Pura hipocresía.
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