14 febrero 2016
Así se
desinfla el proceso de lesa humanidad contra ETA
En un primer momento, el entonces juez de la Audiencia Nacionalla Sección Cuarta de
lo Penal admitió el recurso presentado por el hijo de un asesinado por ETA y
ordenó que se abrieran diligencias, porque consideraba que era la instancia
competente para investigar.
Hablamos de febrero de 2014. Desde entonces, la
evolución de este caso ha sido entre confusa, desordenada, caótica, política,
frustrante... cualquier cosa menos normal. Durante el procedimiento se han ido
sumando acusaciones, hay más víctimas, está Dignidad y Justicia... El último
episodio, la reunión de dos de los denunciantes -los padres de los guardias
civiles asesinados por ETA Diego Salvà y Carlos Sáenz de Tejada- por el caso de
Aitor Elizarán y su puesta en
libertad. Los padres de los asesinados se reunieron con el presidente de la Audiencia Nacional ,
José Ramón Navarro, para mostrarle su más absoluta disconformidad con la
actitud de la Audiencia Nacional en este
caso.
Pero antes, cuando el caso empezaba a dar sus
primeros pasos, el empuje judicial y policial fue importante. El instructor
encargó que se elaboraran informes a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del
Estado para que le detallaran prácticamente la historia de ETA. Pidió datos
de inteligencia para saber quiénes han sido los terroristas que han pasado por
la cúpula etarra. Porque lo que denunciaban y denuncian las víctimas es la
intención permanente de ETA de
expulsar de lo que considera sus fronteras, entre otros colectivos, a la Guardia Civilla Policía y al Ejército.
Y los informes fueron llegando al juzgado. Primero
llegó un escrito elaborado por la Policía Autónoma vasca con un relato corto,
lineal y sin potencia jurídica. Posteriormente, el de la Policía Nacional
y el de la Guardia Civil. Estos dos últimos dieron pie a
posteriores actuaciones judiciales, ya que aportaban datos claros sobre la
evolución histórica de ETA, sobre el quién es quién de la organización
terrorista, y cómo las sospechas sobre las actuaciones de sus diferentes
dirigentes para encausarles por lesa humanidad tenían peso específico, no era
acusaciones sin fundamento.
Y así lo vio también la Fiscalía de la Audiencia Nacional cuando
en mayo del pasado año reconoció en un escrito de 12 folios que los atentados
de ETA podrían ir «más allá de los meros delitos de terrorismo» dado que son
«delitos de lesa humanidad».
Es la primera vez que en España existe un
procedimiento judicial abierto por delitos de lesa humanidad cometidos en
territorio nacional. Se trata de la historia de la «persecución», la «expulsión
forzada» y el «asesinato selectivo», apuntan los escritos judiciales.
Lo que arrancó como una querella contra cinco
dirigentes de ETA se fue
ampliando, fundamentalmente por la participación activa de Dignidad y Justicia,
hasta los 45 etarras que han tenido mando en las estructuras terroristas
durante toda su historia.
«Como puede fácilmente observarse, los hechos a
investigar van más allá (...); el delito de terrorismo se encontraría así en
relación concursal con el de lesa humanidad, es decir, dentro de la categoría
general de crímenes contra la humanidad, a pesar de tener unos tipos penales
propios», indicaba entonces la
Fiscalía. En julio del pasado año, el
entonces instructor de la
Audiencia Nacional Juan Pablo González admitió a trámite
otras tres denuncias de víctimas de terrorismo que abrían la puerta a investigar
a las cúpulas etarras.
Y a Francia se fue el juez a interrogar a varios
etarras encarcelados, entre ellos, Aitor Elizarán.
Y en octubre de ese mismo año, el juez dictó ya auto
de procesamiento contra los cinco primeros dirigentes etarras bajo sospecha. Entre
esos cinco, Aitor Elizarán.
Era la primera vez que en España se dictaba una resolución de este tipo por
delitos cometidos en nuestras fronteras.
En diciembre, todo dio un giro inesperado. González
abandonó el juzgado y llegó Carmen Lamela.
Elizarán acabó de cumplir su condena y fue puesto en la frontera. La Justicia no reaccionó
inicialmente y el terrorista, procesado por lesa humanidad, quedó libre.
Posteriormente, pese a la actitud de la Fiscalía , se ordenó su
detención. Pero para cuando fueron a buscarle, ya no estaba. Se entregó
voluntariamente de forma pactada ante la juez Lamela. La instructora decidió
dejarle en libertad tras consultar únicamente a la Fiscalía , sin dar voz a
las víctimas que habían denunciado a Elizarán y a los demás por lesa humanidad.
El etarra presentó un recurso contra su
procesamiento. Y la Fiscalía ,
también. Sorprendentemente, el Ministerio Público ahora
se suma a los argumentos del dirigente etarra y considera que en los informes
que le señalan no hay indicios claros por lo que entiende que no se le puede
acusar de nada. Un auténtico galimatías.
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