18 marzo 2017
El desarme de ETA
El desarme ahora anunciado debe ser el paso previo a la
esperada disolución de la organización terrorista que ponga así fin a más de
medio siglo de violencia. Un paso que se antoja complicado, puede
darse también de manera unilateral e incondicional. Lo previsible es que
ETA no se disuelva hasta que haya resuelto el futuro de sus presos
El anuncio de que ETA consumará el próximo 8
de abril su desarme unilateral e incondicional con la localización de los zulos
en los que esconde su armamento es la decisión más trascendental desde que hace
cinco años anunciara el “cese definitivo” de la violencia. El prolongado impasse de la organización terrorista no ha
tenido otro objetivo que intentar involucrar en la operación a los gobiernos
español y francés, en una especie de armisticio que otorgase cierto decoro a la
evidencia de su derrota. Solo así se explica que una organización terrorista
que decidió dejar las armas en octubre de 2011 haya tardado más de un lustro en
anunciar su entrega. ¿Si no las iba a utilizar, para qué las necesitaba?
El Gobierno de Mariano Rajoy, que defiende a
machamartillo la derrota policial de ETA, se ha negado desde entonces a aceptar
una suerte de escenificación pactada del fin de la banda, y su homólogo galo ha
refrendado sin fisuras las decisiones adoptadas desde Madrid. Así las cosas, la
organización terrorista no tenía otra salida que prolongar sine die la
situación de bloqueo, con riesgo de que fuese la propia policía la que
incautara sus arsenales, o dar un paso al frente, como ha hecho. Una decisión a
la que ha contribuido el Ejecutivo vasco, que, si en diciembre de 2014 se
ofreció como dinamizador del proceso de desarme y recibió el desaire de la
organización, ahora ha jugado un papel activo en el mismo. Las palabras del
lehendakari Íñigo Urkullu, asegurando haber estado directamente informado de la
iniciativa y haber colaborado en la misma dan cuenta de ello. La disposición de
su gobierno a contribuir en el final ordenado de la banda es la constatación de
su voluntad de implicarse en el paso definitivo que aún le queda por dar a ETA:
el anuncio de su disolución.
El inmovilismo de Rajoy durante estos cinco
años de ausencia de violencia se ha visto afianzado por relevantes operaciones
policiales que se han saldado con la detención de los principales dirigentes de
la banda (Izaskun Lesaka, David Pla, Iratxe Sorzabal y Mikel Irastorza, entre
otros) y la incautación de importantes arsenales de armas (los últimos en
octubre y diciembre de 2016 en Francia) cuando la organización terrorista
preparaba la escenificación de su entrega. La última de estas operaciones,
llevada a cabo el 16 de diciembre, concluyó con la detención de varios
intermediarios civiles en quienes la banda había depositado el protagonismo de
su desarme, uno de los cuales, Jean Noël Etcheverry, ha anunciado ahora la
inminencia del mismo.
ETA tomó en 2011 la decisión de dejar las
armas por simple necesidad estratégica y no guiada por una convicción de que la
violencia era injustificable: diezmada por las fuerzas de seguridad en España y
Francia, repudiada socialmente y presionada por amplios sectores de la
izquierda abertzale, que habían llegado al convencimiento de que la violencia
ya no sumaba, sino que restaba en sus objetivos políticos. Las elecciones
autonómicas, municipales y forales celebradas desde entonces han confirmado lo
acertado del análisis y convertido a los abertzales en la segunda fuerza
política vasca tras del PNV. Su negativa a dar nuevos pasos hacia su disolución
era un lastre para su mundo, que muestra también resistencias internas a
desprenderse totalmente de la hipoteca de ETA y a reconocer públicamente que
matar estuvo mal.
El desarme ahora anunciado debe ser el paso
previo a la esperada disolución de la organización terrorista que ponga así fin
a más de medio siglo de violencia. Un paso que se antoja complicado, también de
manera unilateral e incondicional. Lo previsible es que ETA no se disuelva
hasta que haya resuelto el futuro de sus presos, que pasa por la aplicación de
medidas penitenciarias que favorezcan su paulatina excarcelación en función de
la gravedad de los delitos cometidos. El acercamiento a cárceles próximas al
País Vasco, una medida que respaldan todas las fuerzas políticas vascas salvo
el PP, que no se opone a ella, pero a la que antepone la disolución, sería un
paso en esa dirección. Se trata de aplicar la ley con la inteligencia
suficiente para conciliar el irrenunciable derecho de las víctimas a la
justicia y el de los victimarios a la reinserción.
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