18 marzo 2017
Liquidación de ETA
La entrega de armas
es la consecuencia de su derrota por la democracia
A partir del momento en que ETA anunció el
cese definitivo de la violencia, en el otoño de 2011, sorprendió que no
anunciara la disolución y su corolario lógico, el desarme. El distanciamiento
de la izquierda abertzale no
le llevó a la conclusión de que renunciar a la violencia significaba la
imposibilidad de cobrar un precio político. Transcurridos algo más de cinco
años, y desvanecidas sus esperanzas de negociar contrapartidas con el Gobierno,
ETA ha anunciado la entrega incondicional del armamento que le queda para el 8
de abril, lo cual supone la certificación de su autoliquidación.
El desarme completo se espera con una
escenificación con intermediarios impropia tanto por el arsenal —al parecer,
tan pequeño como obsoleto— como por el intento de presentarlo como un gesto de
generosidad y buena voluntad, cosa que desde luego no es: la banda ya ha sido
derrotada tanto por la policía como por la sociedad, que se ha negado a
concederle ningún derecho de voz o veto sobre su futuro.
Lo inmediato ahora es que no se pongan dificultades
políticas ni jurídicas a la operación de entrega de las armas. El desarme
simbólico de una banda reducida a la nada, al que debe seguir cuanto antes el
anuncio de su disolución, abre la vía para normalizar definitivamente la vida
política y civil en el País Vasco.
El Gobierno vasco y el líder de la izquierda abertzale, Arnaldo Otegi, han trabajado
discretamente para que ETA anunciara el desarme. Esto llevará a los profetas de
la deslealtad a la patria a suponer que algo se habrá negociado. Pero no es lo
mismo persuadir a los restos de la banda de que ya no pueden conseguir políticamente
nada que seguir instalados en la mentalidad de otros tiempos, cuando cualquier
indicio de contactos instaba la idea del conchabeo a costa de la soberanía del
Estado.
Hasta ahora, el Gobierno ha tenido una actitud demasiado
inmovilista, especialmente en lo referente a la política penitenciaria, que en
el pasado se ha demostrado como un instrumento muy poderoso para acelerar el
fin de la banda. La gestión de un final definitivo de ETA incumbe a los
partidos democráticos, y muy concretamente al lehendakari Urkullu, al que el
Gobierno de Rajoy debería reconocerle el liderazgo del proceso para pasar
página de una vez.
Es verdad que tras los recelos queda el importante debate
de asentar la memoria, especialmente entre las nuevas generaciones. Muy interesante
a este respecto el informe de los investigadores Francisco Llera y Rafael
Dionisio, que certifica que el miedo operó como una cortapisa a la
participación en política y que perjudicó a los partidos constitucionalistas a
medida que se producían asesinatos de sus miembros. Después de tantos años de
sangre y víctimas, los terroristas y quienes les apoyaron no pueden terminar
convertidos en vencedores en la historia.
En todo caso, no nos equivocamos los que saludamos el cese
definitivo de la violencia como el triunfo de la democracia frente al terror,
una victoria del Estado de derecho. La banda dejó de representar una pesadilla
para la ciudadanía después de 800 asesinatos, más de 20.000 víctimas en
atentados y miles de amenazados. Las elecciones generales de 2011, como todas
las que se han producido después, se han celebrado con la normalidad que los
etarras se permitían alterar siempre que les parecía oportuno.
El fin del terrorismo de ETA no ha tenido contrapartidas
por la falta de operatividad de una banda reducida a casi nada. Nada puede
compensar a las víctimas ni a sus familiares por el dolor causado por el
terrorismo. Pero al menos, la democracia puede decir con orgullo que derrotó a
ETA sin paliativos ni contrapartidas.
Opinión:
De todo el artículo me quedo especialmente con el último párrafo.
Resume a la perfección lo que la inmensa mayoría de víctimas hemos defendido
siempre.
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