18 marzo 2017
A
setas o a rolex
Si la respuesta debe
ser exclusivamente legal y jurídica -porque ETA es una banda de delincuentes y
de criminales- difícilmente podremos exigirle a una organización delictiva nada
en términos morales ni aplicarle nada que no sea estrictamente lo que el Estado
de Derecho determina
La cuestión del fin de ETA es poliédrica y difícil de
abarcar aquí de forma global. Por eso opto hoy por analizar la respuesta del
partido en el Gobierno al anuncio de que ETA entregará unilateralmente sus arsenales
el día 8 de abril. Me llama la atención no sólo por la aparente inamovilidad de
sus asertos sino también por el hecho de que, escuchándoles, uno termina por
pensar que en esto del terrorismo nunca han terminado de explicarnos si van a
setas o a rolex. No sabemos si nos hablan desde lo jurídico o desde lo político
o si lo mezclan o lo alternan en función del momento.
El anuncio de ETA es una buena noticia, aunque los
populares se nieguen a verbalizarlo. Podría discutirse si es o no es el paso
final, pero no que es un paso positivo. Sólo Cristina Cifuentes se ha atrevido
a decirlo con claridad. La postura oficial es la de “aplicar la ley” y la de
exigir “que de paso se disuelvan” en versión rajoyana o, con más precisión,
“que se disuelvan, que pidan perdón, que ayuden a resolver los crímenes
pendientes, que indemnicen y que acaten la ley”, como predica González Pons. Lo
de que predica no es una metáfora porque el popular casi enumera las fórmulas
de reparación del pecado sin pensar que, con la ley en la mano, no es posible
entrar en esas demandas. Y ahí es a donde yo quería ir. ¿El Partido Popular se
manifiesta en términos de una respuesta exclusivamente jurídica, como parece
decir, o política como se puede colegir? ¿A setas o a rolex? La respuesta jurídica
ha sido la constante desde hace años en la lucha contra el terrorismo. Con toda
la ley y sin ir más allá de la ley. Ir más allá de ésta nos retrotrae a los
execrables crímenes de Estado por los que deberíamos estar más dolidos y
arrepentidos de lo que nos mostramos. El fin no justifica los medios y el hecho
de que el Estado, que debe proteger a los ciudadanos, ordene torturar y
asesinar es de una iniquidad difícilmente olvidable. Muchos, sin embargo, se lo
echan al coleto.
Si la respuesta debe ser exclusivamente legal y jurídica
-porque ETA es una banda de delincuentes y de criminales- difícilmente podremos
exigirle a una organización delictiva nada en términos morales ni aplicarle
nada que no sea estrictamente lo que el Estado de Derecho determina. En ese
sentido podríamos entender que cuando una banda armada deja de cometer delitos
y de mantener una estructura para ello y entrega sus armas se ha producido su
desaparición de facto. Poco sentido tiene hablar de vencedores y vencidos, de
rendiciones y de perdones, en un asunto de crimen y de Derecho, si no es de
forma metafórica. A ningún criminal se le pide más que cumpla su pena. No se le
puede obligar ni a colaborar con la
Justicia ni a arrepentirse ni a pedir perdón aunque la
legislación antiterrorista rompió ya algunas de estas reglas del derecho penal.
Así que cuando el Partido Popular se encastilla en ese
discurso produce la paradoja de no querer visualizar cual es la realidad
actual. ETA ha desaparecido de hecho en la sociedad. La convivencia en libertad,
la situación actual en Euskadi, nada tiene que ver con la provocada por los
terroristas cuando cometían sus crímenes. La democracia ha eliminado la amenaza
terrorista y la ausencia de violencia ha propiciado que la propia izquierda
abertzale necesite que la sombra de ETA desaparezca del panorama para
permitirse hacer política en igualdad de condiciones. Y, por su parte, la
sociedad vasca necesita continuar por un camino que quiere recorrer y en el que
la voz del Partido Popular se queda bastante sola al anclarse en posturas que
lastran el imparable y necesario avance hacia una paz social inclusiva y
restaurativa.
Un ejemplo es la denominada política de dispersión y
alejamiento -que es decisión política y no consecuencia jurídica- y que supone
una pena no determinada por las leyes para personas que no han sido condenadas
jamás, como son los familiares de los presos etarras. El PP se mantiene en la
posición cerrada de mantener una medida administrativa y finalista, que en su
día se consideró útil, como muestra de una firmeza que esgrime aunque olvida
que si algo contribuyó a la situación actual en el ámbito político del gobierno
fue la actitud de exploración y diálogo de los gobiernos de Zapatero.
El terrorismo ha desaparecido del panorama español y con él
la última manifestación de la tercera oleada de terrorismo internacional, el
terrorismo etno-nacionalista. El anacronismo de sus postulados se une a la
lucha legal y a la entereza de una sociedad que no claudicó ante la amenaza y
la muerte. Sigamos adelante. Hagan lo que hagan ya no marcan el paso. Las
heridas de sus crímenes serán restañadas quieran o no quieran. La convivencia y
la libertad serán la mejor reparación para las víctimas de su barbarie. Ponerle
freno a ese avance no puede constituir una opción. Para nadie. Tampoco para el
Partido Popular.
Opinión:
El artículo de Elisa Beni implica diversas cuestiones que
merecen atención. Contra el terrorismo se lucha a nivel jurídico y político
pero es cierto que aplicar medidas que mezclan ambas posturas lleva a engaño a
mucha gente que no sabe distinguir entre ellas.
Y ello ha llevado a la confusión que permite el hecho de
que aparezcan ciertos políticos y hasta ciertas víctimas (o no víctimas que
para el caso les da igual) aportando opiniones como si fueran el pensamiento
oficial mientras no se han dignado ni tan siquiera consultar antes a los
interesados.
Por suerte, ya empiezan a florecer muchos medios que
colaboran en explicar que existen diferentes opiniones en el colectivo y que
todas deben ser respetadas.
Todas son todas y no algunas sobre otras.
No hay comentarios:
Publicar un comentario