11 agosto 2019
La posverdad
embarra el segundo aniversario de los ataques yihadistas en Cataluña
El independentismo alienta la
conspiración para implicar al Estado en la masacre
El
10 de octubre del 2018, el juez Fernando Andreu firmaba un auto de 43 páginas
con el que ponía punto final a la instrucción sobre los atentados de Cataluña
de agosto del 2017 con el procesamiento de los dos únicos miembros de la célula
que sobrevivieron, Mohamed Houli Chmelal y Driss Oukabir, y un colaborador del
grupo, Said Ben Iazza. Tras 419 días de investigación, la justicia consideraba
agotadas las pesquisas.
Es
cierto que la instrucción, como ocurre en casi todos los grandes atentados, no
ha aclarado por completo todas las lagunas, particularmente cuáles eran los
objetivos contra los que los terroristas querían atentar antes de que la
explosión de la casa de Alcanar les obligara a improvisar los atropellos
masivos de Las Ramblas y Cambrils, que provocaron 16 muertos.
La
muerte de siete de los miembros de la célula ha sido determinante para que
algunos interrogantes persistan. Durante casi dos años parecía que los
atentados del 17A se iban a librar de entrar en esa posverdad, pese a las
oleadas de fake news que desde el principio los tuvieron
como objetivo, coincidiendo con los convulsos días previos al referendo ilegal
del 1-O.
El
segundo aniversario de los atentados está marcado por una teoría de la
conspiración nacida en las últimas semanas y basada en un dato que desde el
principio fascinó al independentismo: que el imán de Ripoll fue visitado por
agentes del CNI que pretendían ficharlo como confidente mientras estuvo preso
por tráfico de drogas entre los años 2010 y 2014.
Los
servicios secretos reconocieron desde el principio estos contactos. Incluso, el
exdirector del CNI, el general Félix Sanz Roldán, lo admitió cuando compareció
en la Comisión
de Secretos Oficiales en marzo del 2018. Pero ha dado igual.
Comisión de investigación
Un
serial en un diario digital a mediados de julio en el que se llegó a afirmar
que el CNI tenía intervenidos los teléfonos de los terroristas durante la
preparación de los atentados y que el imán fue confidente de los servicios
secretos hasta su muerte ha dado alas a los independentistas para llegar a
insinuar, incluso, que el Estado permitió la masacre como forma de frenar el
proceso secesionista. La ofensiva del secesionismo a las puertas del segundo
aniversario del 17A contra el Estado a cuenta de las informaciones sobre
Abdelbaki es Satty está siendo continua y con el Govern y todo su aparato,
incluida TV3, a la cabeza. La
Generalitat y los grupos de ERC y JxCat en el Congreso siguen
reclamando al Gobierno explicaciones. La Generalitat continúa a la espera de tener una
reunión con la vicepresidenta, Carmen
Calvo y la ministra de Defensa,
Margarita Robles, para hablar de la teoría alternativa de la
conspiración.
Da
igual que responsables de los Mossos y del Ministerio del Interior hayan explicado a los responsables
políticos catalanes de ni el CNI ni la policía catalana ni la Policía Nacional
ni la Guardia Civil tenían bajo seguimiento a la célula de
Ripoll. Es más, que no hay ni una sola prueba que demuestre lo contrario.
La mancha de la posverdad se extiende. Y esto es lo que más
preocupa en el Ministerio del Interior. Ada Colau ha llegado a calificar de «gravísima»
la posibilidad de que el CNI haya destruido pruebas de su relación con el imán
y ha prometido que su consistorio exigirá llegar hasta el final sobre el papel
de los servicios secretos en los atentados. El último episodio tuvo lugar esta
semana. El pleno del Ayuntamiento de Barcelona ha aprobado instar al Congreso de los Diputados a
impulsar una comisión de investigación sobre los atentados y el papel del CNI.
La proposición ha salido adelante con los votos a favor de ERC, JxCat y de los
comunes. Tres de las cuatro principales fuerzas parlamentarias de Cataluña, con
más de dos millones de votantes, se han apuntado oficialmente a la teoría de la
conspiración del 17A.
Opinión:
La presente información ha aparecido en multitud de periódicos
de toda España.
Curiosamente, una información en la que se aplica todo
el peso de la “veracidad” a cuestiones relacionadas con la política olvidando
un detalle muy importante: la opinión de las personas afectadas. Es extraño que
en una serie de cuatro atentados (cinco contando el que nadie recuerda por un
error en el listado de víctimas) nadie se plantee qué deben pensar las personas
afectadas.
Pues la respuesta es muy sencilla… a las administraciones
competentes no les importa lo más mínimo qué opinan las víctimas. Tampoco les
importa lo más mínimo engañar a los ciudadanos con cifras desconocidas y con
datos que no se pueden contrastar si no se tiene acceso a determinada información.
¿Eso es informar o es, simplemente, repetir el
comunicado enviado desde el ministerio de turno?
Decía lo de la opinión de las personas afectadas
porque no conozco una sola víctima de los atentados de agosto de 2017 en
Catalunya que no quiera que se investigue lo que ocurrió… y lo quieren, no
desde el punto de vista partidista, sino desde el interés de que si se cometió
algún error se trabaje lo suficiente para no volver a repetirlo y así poder
evitar futuros atentados…
Quien quiera ver en estas palabras algo relacionado
con teorías conspiranoicas no tiene ni puta idea de lo que es sufrir un
atentado terrorista… y como ejemplo el siguiente. Cuando en 1987 ocurrió el
atentado de Hipercor se comentó la sospecha de que habían existido tres
llamadas telefónicas advirtiendo de que algo podía ocurrir en el interior del
almacén. Nadie dio crédito a aquellas llamadas y finalmente fueron 21 las
personas asesinadas y 45 las heridas… y en 1990 trece víctimas decidimos
plantear una demanda contra el Estado por una posible negligencia de los CFSE. Nos
acusaron de cosas realmente patéticas, incluso de atacar a los cimientos del
Estado pero al final logramos demostrar que aquel 19 de junio de 1987 hubo un ”mal
funcionamiento” de los CFSE…
¿por qué ahora no habría que hacer lo mismo e
investigar si algo se hizo mal? ¿por cuestiones indemnizatorias, dado que el
Estado podría tener cierta responsabilidad civil?
Señores del Ministerio de Interior ¿me responden a
estas cuestiones o es mejor no hacer nada y dejar las sospechas pululando por
el aire eternamente?
No hay comentarios:
Publicar un comentario