lunes, 19 de agosto de 2019

19 agosto 2019 (2) El Mundo del Siglo XXI

19 agosto 2019 


El 17-A desvela las trabas para las víctimas psíquicas del terrorismo Interior ha estimado menos de un tercio de las peticiones de asistencia por el atentado

Robert Manrique recuerda que solo a una de las víctimas del atentado contra Hipercor en 1987 se reconoció una incapacidad permanente en exclusiva por secuelas psicológicas. «Salió gritando de Hipercor y un chico de la Cruz Roja que acababa de llegar la atendió. Le preguntó el nombre y por eso quedó en un listado. Si no se lo hubiese preguntado, esa mujer no tendría ningún derecho», sostiene Manrique, herido en la mayor matanza de ETA y asesor de la Unidad de Atención y Valoración a Afectados por Terrorismo (UAVAT), surgida tras el ataque yihadista del 17 de agosto de hace dos años en La Rambla de Barcelona y Cambrils. La entidad, que ha socorrido a 210 personas, ha colaborado cursando 208 solicitudes de reconocimiento de víctimas y otro tipo de auxilios; calcula que el 82% de las peticiones de asistencia psicológica que conoce se han desechado.
A tenor de los últimos datos, el Ministerio del Interior –a quien le compete declarar la condición de víctima y conceder prestaciones– ha desestimado casi la mitad de los más de 400 expedientes de ayuda que ha resuelto de 549 relacionados con el 17-A. El departamento del ministro Fernando Grande-Marlaska ha reconocido a 96 personas como víctimas de los atentados de hace dos años y ha aceptado menos de un tercio de las demandas de asistencia sanitaria y psicológica, un 31%.
«Ha pasado igual que en Hipercor. ¿Nos podemos fiar de los listados oficiales? ¿Debes tener un tajo en la mano y no en el cerebro para que te reconozcan? Y el se- ñor que tiene un corte, ¿sabe qué tiene que hacer para reclamar sus derechos? Es con lo que luchamos cada día», señala Manrique.
«Una lesión física o una psicológica son, al final, heridas por igual. La diferencia es que las psicológicas no sangran. Como no lo hacen, son más fáciles de obviar», repara Elisa Micciola, psicóloga y coordinadora de la UAVAT. La organización ha avalado con informes médicos la necesidad de financiar asistencia psicológica a 104 personas que, en gran parte, fueron testigos de los ataques. Como una trabajadora de un kiosko de flores La Rambla, que se echó dentro de la tienda para esquivar la furgoneta conducida por el terrorista Younes Abbouyaaqoub antes de que diera un volantazo.
Es uno de los ejemplos que la entidad cita sobre peticiones que Interior ha rechazado alegando motivos que Micciola considera que «no responden a criterios técnicos y clínicos»; en el caso mencionado, el Ministerio replica que la solicitante no se hallaba en la trayectoria del vehí- culo, según los informes policiales.
«Muchas víctimas psicológicas vieron toda la barbarie, los muertos y heridos, los socorrieron… Físicamente no les pasó nada y les costó identificarse como víctimas, pero al volver a casa revivieron imágenes, empezaron a no salir e iniciaron una depresión o un estado postraumático», afirma la psicóloga, que observa que «gran parte de las solicitudes no prosperan porque existe una definición errónea en la ley de lo que es una víctima directa».
«Si tramitamos una solicitud de ayuda psicológica es porque se detecta una afectación desadaptativa», continúa Micciola, que precisa que la mayoría de casos padece de síntomas «postraumáticos»: «Flashbacks, revivir la situación, estados de hiperalerta… Cada tipo de persona desarrolla la patología de una forma u otra. Hay gente que se encierra en casa, genera conductas de apatía. Hay quien no ha vuelto al centro de Barcelona o ha dejado de trabajar porque lo hacía en La Rambla», completa Manrique, que se ha visto en la situación de tranquilizar a afectados a las puertas de la Delegación del Gobierno al presentar trámites, inquietos por ver policías que los devolvían a los instantes posteriores al atentado.
La UAVAT cree que se ocultan motivos económicos tras las denegaciones. «Las víctimas cuestan dinero», señala su presidenta, Sara Bosch. «Si se acredita su nexo con el atentado, debe hacerse una propuesta indemnizatoria y, si no se cura, la pensión sería extraordinaria». La ley de víctimas del terrorismo estipula indemnizaciones de 75.000 a 180.000 euros. En la UAVAT explican que han acordado con especialistas tarifas para quienes puedan costearse un tratamiento, y a quien no, los deriva a la pública o asociaciones. El Estado ha transferido 5,23 millones en indemnizaciones por el 17-A.




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