16 agosto 2019
Los acusados se
enfrentarán a una petición fiscal máxima de 44 años de cárcel porque el
Ministerio Público no les imputa los asesinatos
Dos años después de los atentados de Barcelona y Cambrils, la Audiencia Nacional
todavía no tiene fecha oficial para el juicio. Pero los responsables del
tribunal de la calle Génova están convencidos de que podrán celebrar la vista
oral antes del próximo verano. No será un macrojuicio ni mucho menos, aunque sí
serán «varias semanas» de vista oral, según los cálculos que se barajan en la Audiencia. En cierta
forma, será una vista oral 'descafeinada'. Los seis autores materiales de los
atentados fueron abatidos por los Mossos en Cambrils y Subirats (donde murió a
tiros el conductor de Las Ramblas, Younes Abouyaaqoub) y el cerebro y líder de
la célula, el imán de Ripoll (Girona), Abdelbaki Es Satty, falleció antes de
los ataques en la explosión de la casa de Alcanar (Tarragona).
En el banquillo sólo se sentarán dos miembros de la célula
terrorista y un colaborador del grupo. Ninguno de ellos, sino cambian las cosas
antes, responderá por el asesinado de las 16 víctimas mortales y los 140
heridos de los atropellos de Las Ramblas y del paseo de Cambrils. Y es que la Fiscalía de la Audiencia Nacional
insiste, como ya hizo el juez instructor Fernando Andreu en su auto de procesamiento,
en que ninguno de los tres puede ser acusado de autor material, ni si quiera
como cooperador necesario, de los atentados. Con estas acusaciones, las penas
máximas a las que se enfrentan estos supuestos terroristas de 'segundo nivel'
en ningún caso superarían los 44 años de cárcel.
Andreu procesó el pasado octubre a Driss Oukabir, a
Mohammed Houli Chemlal y a Said Ben Iazza, los dos primeros como miembros de la
célula yihadista de Ripoll y el tercero como colaborador. El juez atribuye a
Oukabir, a cuyo nombre se alquiló la furgoneta del atentado de Las Ramblas de
Barcelona, y a Houli Chemlal, herido en la explosión del chalé de Tarragona,
delitos de integración en organización terrorista (entre seis y catorce años de
prisión), fabricación y depósito de explosivos (de ocho a 15 años) y tentativa
de estragos (de diez a 15 años), en este último caso por los planes de atentar
contra diversos objetivos que, dos años después, la investigación no ha logrado
determinar con certeza.
A Ben Iazza, quien facilitó su documentación a los autores
de la masacre para comprar los componentes necesarios para fabricar el
explosivo conocido como «la madre de Satán», solo le imputa un delito de
colaboración con organización terrorista, que contempla penas de entre cinco y diez
años de prisión.
«Coordinación
inequívoca»
Las acusaciones, entre ellas la Asociación de Víctimas
del Terrorismo y la
Asociación 11M Afectados del Terrorismo, consideran que al
menos Oukabir y Chemlal deberían también haber sido procesados por delitos de
asesinato consumado y en grado de tentativa en relación a las 16 víctimas
mortales y los 140 heridos en los atentados. En cuanto al tercero, Iazza, las
acusaciones también han reclamado cambiar su imputación por la de integración y
depósito de explosivos. La tesis de las acusaciones, en síntesis, es que
existió una voluntad «inequívoca, decidida, coordinada y cohesionada» entre los
procesados y los autores materiales de los atentados que fallecieron.
Las acusaciones no han tirado la toalla y han presentado
todo tipo de recursos contra el auto de procesamiento y escritos para que se
les permita acusar con más dureza a los tres procesados. Según la Asociación 11M, la
muerte de los autores materiales «no termina con las responsabilidades penales
derivadas de estos crímenes». «Dejar estos delitos fuera sería sumamente grave,
permitiendo cierto grado de impunidad y un cierre en falso del juicio que
impediría una sentencia consecuente con los hechos ocurridos y perpetrados por
los miembros de la célula y no sólo los fallecidos», subrayó esta semana la
asociación.
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