25 agosto 2019 Deia

25 agosto 2019 

Ha salido en libertad Rafael Caride, después de 26 años de cárcel. Los medios han dejado bien claro que Caride fue uno de los autores del atentado de Hipercor y no han faltado los que le añaden el habitual calificativo de “sanguinario”. En realidad, no ha sido solo él quien ha recuperado en estos días la libertad sino que otros tres presos acogidos a la Vía Nanclares han pasado a la condición de libertad condicional. Por supuesto, ni Caride ni sus tres compañeros van a ser recibidos en sus localidades al son de ongietorris, sino que retornarán a la libertad discretamente y, quizá, ante la indiferencia o la animadversión de quienes se prodigan en acogidas con ceremonial cuando son otros presos los que vuelven a casa. Curioso contraste, teniendo en cuenta que las condiciones aceptadas por los presos de la Vía Nanclares –renuncia a la violencia, pago de la responsabilidad civil impuesta y colaboración con la justicia– son prácticamente idénticas a las que actualmente asumen los presos vinculados al colectivo EPPK, que acepta ya sin reparos la legalidad penitenciaria española.

En un verano en el que los ongietorris han sido motivo de polémica, y escándalo para algunos, la realidad es que existen presos por su vinculación con ETA que van saliendo escalonadamente tanto si se acogieron a la Vía Nanclares como si no, dependiendo del cumplimiento de su condena o del criterio judicial respecto a la legalidad vigente. La realidad es, también, que sometidas a una política penitenciaria vengativa todavía permanecen en las cárceles españolas y francesas más de doscientas personas presas cumpliendo prolongadas condenas en prisiones alejadas de su familia y de su entorno, algunos en régimen de aislamiento permanente, o aquejados de graves enfermedades o cumplido con creces el tiempo requerido por la ley para acceder a la libertad condicional. Es esta una situación desestabilizadora que afecta de manera importante a la salud democrática de la sociedad vasca, que en clara mayoría desea una resolución. La realidad, a estas alturas todavía, es que el problema de las personas presas por vinculación con ETA es percibido desde sensibilidades bien distintas. Fuera de Euskal Herria, la percepción mayoritaria es hostil y partidaria del castigo. En Euskal Herria, aunque la mayoría, representada en las instituciones vascas, ya ha expresado repetidamente que se respete el espíritu de la ley y se acabe con las imposiciones penitenciarias vengativas, se constata una penosa indiferencia. En cualquier caso, una cosa son las declaraciones de principios y otra las actuaciones para reivindicar su aplicación. Y esta inacción ha llevado a quienes consideran a los presos como patrimonio político, a retroalimentarse contra la venganza penitenciaria respondiendo con la movilización o la exaltación. Hay un sector en la sociedad vasca que cree que si ellos no se ocupan de las personas presas, no se ocupa nadie. Hay que reconocer que colectivos como Sare, Etxerat, Harrera y similares están llevando a cabo una excelente tarea de apoyo moral, social y económico a los presos, pero no debe dejar de tenerse en cuenta algún matiz distorsionador que pone en dificultad esa labor humanitaria, y es el hecho de que ese sector al que antes he aludido considera como héroes a las personas presas vinculadas con ETA, lo que garantiza posibles excesos de enaltecimiento y movilización. No es fácil eludir la responsabilidad de algunos dirigentes políticos en esos episodios de desestabilización, y alguien debería explicar cómo fue posible que unos sesenta presos y presas salieran en libertad por la aplicación de la doctrina Parot y salieran sin ruido, en total discreción y sin un solo homenaje, en contraste con los estridentes recibimientos públicos de este verano quizá añadiendo dificultad a iniciativas en marcha.

En el momento presente hay algunos elementos tener en cuenta; disuelta ETA, aceptada por la izquierda abertzale la Ley de Partidos española, siendo EH Bildu una formación política homologada e institucional, es claro que ese sector social no puede renunciar también a considerar a las personas presas como patrimonio político, argumento de movilización y cohesión interna. Por esa razón, no renuncia la izquierda abertzale a ser punta de lanza contra la injusta política penitenciaria, contra la dispersión de las personas presas, por la aplicación de la legalidad respecto a los enfermos y los accesos a libertad condicional. Porque, en realidad, prácticamente nada se ha movido desde que el EPPK aceptó la aplicación de la legalidad penitenciaria para acceder a los derechos que les corresponden. Este problema, aún lejos de ser resuelto, lleva camino de cronificarse. Por ética, por justicia, por democracia y por convivencia, es urgente que el Estado ponga fin de una vez a la venganza y cumpla su propia ley