19 abril 2018
La primeras
diligencias se instruyeron por un delito de atentado y lesiones
Durante los trece primeros días de la investigación de la
agresión en Altsasu, el cuerpo policial que había iniciado las diligencias, la Policía Foral , nunca
citó que en dicho suceso apreciara indicios de terrorismo, principal sostén de
las acusaciones y por el que han remitido la causa a la Audiencia Nacional.
En un atestado inicial, y en otras diligencias ampliatorias que confeccionaron
varios instructores del cuerpo autonómico a raíz de la detención de Jokin
Unamuno y de otro joven (que en principio fue identificado como agresor pero
que no está sentado en el banquillo de los acusados), los agentes enmarcan los
hechos dentro de dos posibles delitos de atentados a la autoridad (a los dos
guardias) y cuatro delitos de lesiones de diversa entidad (a los agentes y sus
parejas). La investigación se enfocó desde un primer momento dentro de esa
calificación y, de hecho, la juez instructora puso en libertad a los dos
primeros detenidos (Unamuno y el otro no acusado) a la espera de seguir
reuniendo indicios por los que se pudiera imputar a otras personas.
Fue a partir del 28 de octubre, cuando la juez instructora
de la Audiencia
Nacional , Carmen Lamela, reclamó la causa para sí después de
la denuncia de Covite y fue cuando la Policía Foral dejó de intervenir en la
investigación y el asunto pasa a ser competencia exclusiva de la Guardia Civil por
mandato de la magistrada. Durante unos días ambos cuerpos realizaron una
investigación conjunta orientada al esclarecimiento de los hechos y después de
que tres de los agredidos (teniente, sargento y la pareja de este último)
decidieran interponer denuncia finalmente.
Los instructores de la Policía Foral
ratificaron ayer en la tercera sesión del juicio que de las pesquisas que
llevaron a cabo concluyeron que existían indicios de los delitos de atentado a
la autoridad y de lesiones puesto que los heridos “habían sido agredidos por su
condición de guardias civiles”, que no existió “ni provocación ni participación
activa de los cuatro agredidos” y no identificaron elementos del movimiento
Ospa “como integrantes de la agresión”, confirmó uno de los investigadores.
El mismo policía amplió que en los antecedentes de hechos
que figuraban en el atestado y en el que trataban de contextualizar el
conocimiento que tenían los procesados de la condición de los guardias civiles
figuraban dos hechos relacionados como el Ospa Egunade 2016 y la festividad del
Día del Pilar en la que la
Guardia Civil organizó en Altsasu una misa y un brindis con
vino. En ambos actos, según declararon los agentes, fueron intimidados por
algunos jóvenes, aunque el único de los procesados al que pudieron identificar
en ambas citas fue a Jokin Unamuno, al que los denunciantes atribuyen el origen
de la agresión en el bar Koxka. Dicho contexto (Ospa, Alde Hemendik e incidente
en el Pilar) también es recuperado por la Fiscalía en su escrito acusatorio. Pero el
Ministerio Público se remonta cuarenta años atrás para justificar que ETA ya
usaba esas dinámicas en sus campañas y, por tanto, acusar de terrorismo a los
acusados.
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