29 abril 2018
Juan Ignacio Zoido: «Pese a la disolución, los presos
tendrán que colaborar con la
Justicia para tener beneficios»
Ni un solo guiño, gesto u ofrecimiento a la banda
terrorista. La disolución de ETA no va a cambiar nada. Ni en la lucha
antiterrorista ni en la política penitenciaria. Juan Ignacio Zoido lo deja
claro. El sábado 5 de mayo, el día después de que se escenifique en Kanbo el
fin de la banda, las fuerzas de seguridad del Estado seguirán con las mismas
órdenes: detener al puñado de activistas que aun siguen en libertad. El
ministro avanza que solo la colaboración con la justicia y el perdón individual
podrían abrir las puertas a beneficios penitenciarios. La obsesión del
ministro, también en esta fase, serán las víctimas.
-¿Qué espera que suceda el próximo 4 de mayo, fecha
en la que la banda ha anunciado su disolución?
-ETA está terminada, está derrotada. Lo único que espero
del próximo 4 de mayo, si las cosas suceden como se espera que sucedan, es que
las Fuerzas de Seguridad del Estado verifiquen y certifiquen que ETA ha
desaparecido. Y a partir de ese día la Policía y la Guardia Civil van a
seguir haciendo lo que han hecho hasta ahora: perseguir a los terroristas.
-¿Ni siquiera acepta la credibilidad de la
declaración?
-Yo creo que las palabras de los terroristas no tienen
ningún valor. Esta semana se han entregado armas y hace poco se descubrió un
zulo. Estas son pruebas suficientes de que teníamos razón los que decíamos que
la entrega de las armas fue un fracaso, una mera escenificación. Además de la
entrega, tienen que disolverse, pedir perdón, arrepentirse, pagar las deudas
con las víctimas y colaborar con la justicia para el esclarecimiento de todos
los hechos que puedan conocer. Sin todos estos requisitos no es aceptable
ningún final de ETA.
-¿Cómo cree que ha llegado la banda terrorista a la
decisión de disolverse?
-La decisión es la asunción de una derrota definitiva. Han
tardado más de seis años en reconocerlo pero cuando se dijo que ETA estaba
derrotada policial y políticamente era verdad. Asumen que no han conseguido
ninguno de los logros que se habían marcado y que es inviable continuar en la
vía terrorista. No tienen otra opción que poner fin a la locura desenfrenada
que han llevado durante décadas, llevando dolor a miles de víctimas. Durante
sus últimos años ETA ha sido una sigla hueca en franca descomposición. Lo que
hacen ahora es asumirlo. Pero formalmente estaban derrotados hace un tiempo.
-¿Qué le pareció la petición de perdón de ETA?
-Es indignante. No pueden dividir a las víctimas en
categorías. Lo dicho por ETA son palabras que llegan mal y tarde. Repartir
culpas y justificar sus crímenes no parecen los mejores elementos para
demostrar arrepentimiento. Así lo han entendido muchas víctimas y es muy
comprensible. Faltaron el respeto a las víctimas.
«Fracaso y derrota»
-La política penitenciaria puede cambiar. ¿Los
gestos que se han dado no son suficientes?
-ETA eligió libremente el asesinato y la coacción. Asumirlo
públicamente tras 60 años refleja en buena medida su fracaso y su derrota. Pero
nada más. Nada les daremos los demócratas a ETA por reconocer su maldad y
desaparecer. Lo que queda de ETA podrá hacer gestos pero no pueden cambiar la
realidad. Y la realidad pasa por que los delitos que se han cometido son
perseguibles y penalmente no va a haber impunidad ni un tratamiento especial.
Tras el final de ETA se aplicará la ley.
-¿Pero no se contempla ni un solo movimiento?
-En España está contemplada la reinserción. Pero el primer
paso para reinsertarse es querer hacerlo. Y no basta con firmar un mero papel.
Cada preso debe dar la cara. Tienen que romper con ETA, mostrar su
arrepentimiento, pedir perdón y colaborar con la justicia. Se trata de un
proceso individual y no de rellenar un formulario. Y tiene que mantenerse en el
tiempo y demostrarse que está colaborando con la Justicia. Eso es lo
que exige la ley.
-ETA sí que ha abandonado la reclamación de la
amnistía y ha permitido que sus presos se acojan a beneficios penitenciarios.
-Este tema es residual. Las cifras dan cuenta de que apenas
hay cambios. De primer a segundo grado han pasado solo seis presos y de segundo
a tercer grado, otros seis. Estamos hablando, en cualquier caso, de una
situación revisable que puede volver a atrás.
-¿El PNV ha pedido el acercamiento de los presos en
sus contactos con el Gobierno?
-No. Jamás. No deben de confundirse las relaciones
institucionales. Como ministro del Interior no tengo ninguna duda de que la
lealtad de los acuerdos que se puedan alcanzar con el PNV no está afectada por
otras cuestiones. Tenemos acuerdos con el Ayuntamiento de Vitoria en la mejora
de las condiciones exteriores del Centro Memorial de Víctimas del Terrorismo o
para dar una solución a la prisión de Martutene. Estos temas no tienen una
injerencia de los presos.
-¿Y no han hablado de la transferencia de la
competencia de prisiones?
-Hoy por hoy no es una prioridad.
-¿Ha hablado con sus homólogos franceses a la hora
de coordinar la reacción a la disolución? Ellos sí han acercado presos al País
Vasco.
-La coordinación con Francia es magnífica. El Gobierno
respeta las decisiones que pueda tomar un país soberano en aplicación de su
propia legislación, que es muy distinta a la española. Las autoridades
francesas están tomando decisiones en base a su normativa, que les obliga, y lo
hacen analizando caso por caso, sin que responda a un criterio colectivo ni a
transacciones, como quieren hacernos creer algunos de forma interesada y
falseada. Por otro lado, son decisiones que afectan a presos que están en la
última parte de su condena y sin participación directa en asesinatos.
-Pero sí da la sensación de que Francia tiene su
propia agenda sobre la cuestión de ETA.
- Algunos quisieron generar un interesado y falaz escenario
de traslados colectivos en Francia que no se corresponde con la realidad y que
solo beneficia a aquellos que pretenden maquillar su derrota.
-¿El final de ETA supondrá algún cambio en la
presencia de las Fuerzas de Seguridad del Estado en Euskadi?
-La
Guardia Civil y la Policía Nacional
tienen importantes misiones que cumplir en todo el territorio nacional, también
en el País Vasco. Y su despliegue será el adecuado a las necesidades en cada
momento, siempre desde un criterio técnico. Ahora que hemos derrotado a ETA no
vamos a ceder en una de sus máximas aspiraciones. Ni la Guardia Civil ni la Policía Nacional
van a ser nunca expulsadas del País Vasco.
-ETA echa el cierre pero quedan aun más de 300 casos
sin revolver.
-Es algo que nos preocupa mucho. Son muchas víctimas las
que están pendientes de qué es lo que sucedió, de qué paso. Si el dolor de la
pérdida de un ser querido es difícil de superar, cuando no ha sido resuelto,
tiene un plus de dolor para la familia. Por eso la Policía y la Guardia Civil siguen
trabajando para esclarecer los hechos por resolver. Hay agentes que se dedican
a ello en exclusiva y ya han conseguido resultados. Vamos a seguir trabajando y
buscando a los huidos para que respondan por sus crímenes. Vamos a tener
tolerancia cero con los huidos.
Víctimas en la aulas
-¿Cuál va a ser la aportación del Ministerio del
Interior en este periodo final de ETA?
-Sobre todo que el relato sea verdadero. No caben
equidistancias ni hablar de un conflicto. La prioridad va a seguir siendo
luchar por la memoria, la verdad, la dignidad y la justicia. Nosotros vamos a
velar por ese relato y lo vamos a llevar a las aulas. Debe haber asignaturas
que traten de verdad cómo ha sido la actividad de ETA. Y tenemos que llevar el
testimonio de las víctimas a las aulas. El ministerio va a realizar una apuesta
muy firme en esa línea.
-Desde algunos sectores se ha puesto en cuestión la
acusación de terrorismo a los ocho jóvenes en el caso de Alsasua. ¿Cree que es
la calificación más adecuada para estos hechos?
-No me corresponde a mí valorar lo que está ocurriendo en
el juicio que se está desarrollando en la Audiencia Nacional.
Lo que sí puedo decir es que son agresiones injustificables que ponen de
manifiesto que, desgraciadamente, todavía quedan rescoldos violentos en algunos
puntos del País Vasco y de Navarra.
-Ha echado en falta gestos de solidaridad del
Gobierno Vasco y del navarro con los guardias civiles atacados en Alsasua?
-Cada uno es responsable de sus propios actos. Todas las
fuerzas democráticas están en contra de la violencia.
-¿Esta calificación de algunos actos como
terrorismo, como la que se ha realizado contra los Comités de Defensa de la República en Cataluña,
no resulta extraña si se compara con lo que sucedió en Euskadi?
-Terrorismo era también la kale borroka. A partir de ahí
corresponde a los jueces la calificación de los delitos. Pero no confundamos
los planos, no confundamos calificación con gravedad, porque la violencia de
los CDR ha sido muy grave en algunos casos y forma parte de una estrategia.
-¿Le preocupa la situación de las Fuerzas de Seguridad
del Estado en Cataluña?
-Lamentablemente en Cataluña vivimos algunos
comportamientos de odio intolerables. La actuación de algunos profesores
radicalizados con los hijos de guardias civiles es el paradigma más vil de ese
odio sin límites. No lo podemos consentir y no vamos a hacerlo.
-¿Qué autocrítica
hace de la actitud del Estado tras medio siglo de terrorismo?
-Lo peor que se hizo fue no estar cerca de las víctimas, no
atenderlas ni dignificarlas como se merecían, especialmente durante los primeros
años en los que se cosificaban, se ocultaban. Toca ponerlas en el centro del
relato y eso estamos haciendo.
Opinión:
“Sobre todo que el relato sea verdadero”… esa es la intención
del ministro cuando se le pregunta sobre el proyecto de explicación del
terrorismo en las aulas. Pues ojalá sea así y que quien aporte los relatos también
sean personas que puedan demostrar que sus relatos son verdaderos… porque sino
correrán el riesgo de que haya estudiantes inteligentes que vayan acompañados
de las sentencias correspondientes y dejen al descubierto las mentiras y los
inventos de algun@s.
En cuanto a lo que marca el titular “pese a la disolución, los presos tendrán que colaborar con la Justicia para tener
beneficios”, creo que la obtención de beneficios no está regulada en la
legislación actual, con lo que si se ofrecen beneficios penitenciarios a quien
colabore con la justicia se podría estar incurriendo en algún tipo de mala
interpretación de la propia ley.
Me gustaría que
alguna asociación o fundación dijera algo al respecto….
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