04 mayo 2018
Las víctimas de
Hipercor, pendientes de reconocimiento
El Estado rechazó
tramitar algunas indemnizaciones alegando que se presentaron "fuera de
plazo"
El presidente de
ACVOT avanza que llegarán hasta Estrasburgo porque se trata de una
"autentica aberración jurídica"
Nuri
Manzanares y Enric Vicente perdieron
a sus dos primeros hijos en el atentado de
Hipercor a
manos de ETA. Ella perdió además a su hermana, que fue la que
acompañó a los menores al centro comercial ese 19 de junio del 1987. Con el
anuncio del fin de la banda armada, aún son muchas las heridas que quedan
abiertas y la historia de esta pareja demuestra que las cuentas pendientes no
quedan arrinconadas solo en el bando terrorista.
Casi 31 años después, Nuri y Enrique aún no
han sido reconocidos como víctimas del terrorismo. "Nos
dicen que las secuelas que tenemos no son de acto terrorista porque no
estábamos allí", espeta Nuri, ante los micrófonos de RAC1. Durante
todo este tiempo, asegura que no ha recibido ninguna
comunicación del Gobierno. "Seguimos teniendo muchos
problemas burocráticos y aún espero que alguien del ministerio del Interior me
llame diciéndome si necesito algo. Nunca en la vida. Y se llenan la boca de
palabras afirmando que están con las víctimas", reprocha.
"Enfermedad
común"
Más allá de que no se la reconoce como víctima, por no
haber presenciado el lugar y momento de los hechos, tampoco el Estado le
aprecia sus heridas emocionales y el terror de ver truncada su familia a manos
de ETA.
Tanto ella como su marido solicitaron la baja
por impacto terrorista pero, lejos de parecérsele, les
asignaron un permiso por "enfermedad común".
Se les discute que las incapacidades que han desarrollado provengan del impacto
psiquiátrico que les desató el sangriento atentado. Llevaron esta
resolución ante los tribunales y la ganaron. Pero al cabo de unos meses,
el ministerio del Interior decidió recurrir y entonces
les bloquearon su recibo. Para más inri, su marido tuvo que
devolver las pagas dobles que le habían abonado.
Demanda al Estado
Cuando se dio a conocer la sentencia del primer juicio por
este atentado, la defensa de las víctimas vio una grieta para revalidar sus
derechos. El ahora asesor de la
Unidad de Atención y Valoración a Afectados por Terrorismo
(UAVAT), Robert Manrique, fue uno de los que impulsó la demanda
contra el Estado como responsable civil subsidiario ante
la "inacción de los cuerpos policiales" para desalojar el
recinto después de las reiteradas amenazas de bomba. Manrique siguió trabajando
como carnicero en Hipercor y fue recabando las identidades de otras víctimas
para sumarlas a la causa, ya que "el ministerio se negaba a facilitar la
colaboración entre ellas".
Unieron fuerzas y 13 personas sacaron adelante la demanda,
entre ellas Álvaro Cabrerizo,
ahora ya fallecido, que perdió a su mujer y a sus dos hijas. Presentaron un
requerimiento conjunto ante la Audiencia Nacional,
y consiguieron así su debido reconocimiento. "La sentencia señaló [en
el 1994] que la actuación de la policía no fue la correcta y nos
indemnizaron", relata Manrique.
Desde su puesto de trabajo siguió tejiendo red con
otras víctimas y les animó a seguir su misma camino. Pero no llegaron al mismo
puerto. Los 33 que reclamaron unos años después se les denegó la petición
por estar "fuera de plazo".
Esta fue la suerte de Nuri y Enric, y también
del actual presidente de la Associació Catalana
de Víctimes d'Organitzacions Terroristes (ACVOT), José Vargas.
Recurrieron al Tribunal Supremo pero
este se posicionó junto a la Audiencia Nacional , e incluso cerró
las puertas a un nuevo recurso. "¿Pero cómo puede haber un plazo para
esto?", se indigna Manrique, y recuerda que en el 2003 se retomó otro
juicio contra los etarras por el mismo atentado. "No hemos
cobrado lo que nos pertenece por dejadez y negligencia de algunos
responsables", añade Vargas.
Hasta Estrasburgo
Un informe del Defensor del Pueblo señala
cómo muchas familias víctimas de ETA se han quedado "sin acceso a la
justicia" porque "han permanecido desinformadas a lo largo del
tiempo", algo que contradice directamente su "derecho
a la verdad".
Vargas avanza que llegará hasta el Tribunal
de Derechos Humanos de Estrasburgo (TEDH). "Se ha acabado ETA pero quedan muchos cabos
sueltos. Todo esto es una auténtica aberración jurídica", zanja.
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