16 mayo
2018
Interior recaba datos
sobre presos de ETA dispuestos a la reinserción
Instituciones
Penitenciarias remitió un correo electrónico solicitando informes sobre la
“aceptación” de 40 etarras “de las vías legales facilitadoras de su reinserción”
Instituciones Penitenciarias remitió en
febrero un correo electrónico confidencial a los directores de las cárceles en
las que hay presos de la banda terrorista clasificados en segundo grado o que
padecen enfermedades graves para solicitar informes individualizados sobre la
“aceptación” por parte de estos “de las vías legales facilitadoras de su
reinserción”. La medida afecta a 40 etarras de los 242 recluidos en España. Interior tilda el documento de “rutinario”. Fuentes penitenciarias aseguran,
sin embargo, que su fin es elaborar una lista de reclusos candidatos a ser
acercados a cárceles vascas y navarras.
El correo electrónico fue remitido a mediados de febrero — cuando aún no se conocía la fecha definitiva de la disolución de ETA, pero el Gobierno mantenía contactos informales con el PNV para
recabar su apoyo al proyecto de Presupuestos Generales del Estado— por Carlos
Javier Lanza, coordinador del Programa de Control y Seguimiento de la Subdirección General
de Tratamiento y Gestión Penitenciaria. Este es el órgano encargado de dirigir
los equipos de funcionarios de prisiones especializados en vigilar de manera
directa el día a día de los presos de bandas terroristas y organizaciones
criminales. Los destinatarios fueron los directores de las cárceles donde se
encuentran recluidos los 29 etarras clasificados en segundo grado penitenciario
y los 11 que, según aseguran desde el Ejecutivo vasco y las asociaciones de
apoyo a los presos y sus familias, padecen enfermedades graves.
En el
mensaje, al que ha tenido acceso EL PAÍS, el cargo de Prisiones reclama “actualizar
la información existente respecto a los internos pertenecientes a ETA” y, en
concreto, sobre aquellos que hubieran solicitado algún tipo de mejora en su
situación penitenciaria. Para ello, pedía que le enviasen los datos de aquellos
que hubieran pedido una “progresión de grado” para poder acceder al tercer
grado penitenciario, antesala del régimen de semilibertad; algún tipo de
“permiso”, tener algún “destino” laboral dentro de la prisión o participar “en
programas de tratamiento y actividades” dentro de las cárceles.
También
solicita una actualización de los datos que obrasen de aquellos que siguiesen
Programas Individualizados de Tratamiento, conocidos por las siglas PIT y
destinados a “la promoción y crecimiento personal, la mejora de las capacidades
y habilidades sociales y laborales, y la superación de los factores
conductuales o de exclusión que motivaron las conductas criminales de cada
persona condenada”. Finalmente, el correo solicitaba detallar “cualquier otro
indicio indicativo” de que el preso aceptaba las vías legales de reinserción.
Envío urgente
El
documento pedía a los directores de las cárceles que, junto al informe con los
datos anteriores, enviaran “escaneada” cada solicitud que hubieran hecho estos
presos para acceder a dichas mejoras penitenciarias, “así como cualquier otro
documento que pudiera hacer referencia a lo informado”. El mensaje incidía en
la urgencia de enviar esta información y ponía como plazo límite “el próximo
lunes día 26 de febrero” para remitir los informes a la dirección de correo del
responsable del Programa de Control y Seguimiento. El cargo de Prisiones se
despedía con un “muchas gracias por vuestro esfuerzo”.
Un portavoz
del Ministerio del Interior ha confirmado este miércoles a este diario la
existencia del documento aunque aseguró que se trata de “una solicitud de
información rutinaria”. Esta fuente afirmó que el objetivo de la información
solicitada en el correo era responder las preguntas parlamentarias que hacen
los diputados de la oposición, aunque en el documento no figura ninguna
referencia a dicho fin y la información solicitada nunca ha sido facilitada.
“Hoy por hoy no hay ninguna novedad en la política penitenciaria”, concluyen.
Esta es la postura que el Gobierno de Mariano Rajoy ha mantenido tanto en público
como en sus últimos encuentros con las asociaciones de víctimas de terrorismo
tras el reciente anuncio de disolución de la banda armada.
José Luis
Pascual, presidente de la
Agrupación de las Cuerpos de la Administración
Instituciones Penitenciarias (ACAIP, el sindicato mayoritario
entre los funcionarios de prisiones) asegura, sin embargo, que esa detallada
petición de información sobre presos de ETA “ni es rutinaria ni casual”.
Pascual, que admite que su organización conocía la existencia del correo y que
el mismo había llegado “a determinadas cárceles y a otras no”, se muestra
convencido de que la información solicitada tiene como único fin “elaborar una
lista de presos a los que se les se pueda acercar a cárceles del País Vasco y
Navarra cuando el Gobierno decida dar ese paso”.
Pascual
destaca que en 1998, durante el Gobierno de José María Aznar, se utilizó un
sistema similar para elaborar el listado de presos de ETA a los que entonces se
acercó durante la tregua iniciada por la organización terrorista en septiembre
de aquel año y que rompió en noviembre de 1999. Entonces, como ahora, estaba al
frente de Instituciones Penitenciarias Ángel Yuste. Aquel acercamiento fue
masivo. 135 etarras dejaron la prisión en la que estaban y fueron trasladados a
otras más próximas al País Vasco y Navarra. Entre esos presos estaban algunos
de los más sanguinarios, como Domingo Troitiño, autor de la matanza de
Hipercor. El PSOE, en la oposición, apoyó el acercamiento. También el resto de
fuerzas parlamentarias, que aprobó por unanimidad una resolución en el
Congreso.
Fuentes del
Gobierno vasco ha asegurado este miércoles desconocer la existencia del mensaje
y se mostraban pesimistas sobre una posible medida que suponga a corto plazo el
acercamiento de presos. El Ejecutivo de Iñigo Urkullu ha pedido de manera
insistente que se flexibilice la política penitenciaria. Hace un año, el
lehendakari reclamó a Rajoy que acercase a todos los presos etarras a cárceles
situadas a menos de 250
kilómetros de sus lugares de residencia. Más adelante
planteó un nuevo itinerario de reinserción. En marzo, tras el suicidio de un
etarra en la prisión de Puerto III (Cádiz), pidió el acercamiento urgente los
internos cuya salud física o psíquica consideraba “vulnerable”. El Gobierno no
atendió ninguna.
24 etarras en 21
carceles cercanas
El pasado 3 de mayo, el día antes de que ETA hiciera
público el comunicado de su disolución, el número de los presos de ETA se
elevaba a 294. De ellos, 242 estaban recluidos en cárceles españolas. El resto
se repartía entre Francia (51) y Portugal (1). De los internos en España, solo
9 estaban en las tres cárceles vascas o en la de Pamplona.
Otros 15 estaban en centros penitenciarios situados a menos
de 350 kilómetros
de distancia de ambas comunidades. En concreto, en las de Logroño (1), Burgos
(2), Soria (1), Palencia (1), Zuera (8) y Valladolid (2). El resto se
encontraba disperso en otras 34 cárceles, cinco de ellas situadas a más de 1.000 kilómetros .
En estas últimas había 48 presos, entre ellos la mayor parte de los que se
oponen a la disolución, según fuentes penitenciarias.
La situación de los 53 encarcelados en Francia es similar.
Solo 14 están en prisiones cercanas al País Vasco o Navarra —las de
Mont-de-Marsan y Lannemezan— después de que en los últimos meses París haya
acercado a algunos tras estudiar una veintena de solicitudes de estos reos.
El resto se reparte en otros 17 centro penitenciarios. En
los cinco situados en París, a más de 900 kilómetros , hay
12 internos, mientras que en el de Clairvaux, situada a más de 1.000 kilómetros ,
permanecen dos. El único preso en Portugal está en la cárcel de Vale de Judeus,
al norte de Lisboa
Link recomendable para revisar la información penitenciaria
por CCAA:
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