25 mayo 2018 (24.05.18)
La Audiencia Nacional ha reabierto el caso del asesinato de un ingeniero
técnico vitoriano por parte de ETA en
1980, sobreseído provisionalmente desde finales de 1983, y ordena que la Policía Nacional
elabore nuevos informes periciales en un intento de esclarecer la identidad de
los pistoleros de la banda terrorista que cometieron el crimen.
En un auto fechado el pasado 14 de mayo, del que ha
sido ponente la magistrada Manuela Fernández Prado y al que ha tenido acceso El
Independiente, la Sección Primera de la Sala de lo Penal accede a la
petición de la familia Ustaran Muela y revoca la resolución por la que el
Juzgado Central de Instrucción 1 de la Audiencia Nacional
dio por cerrado el caso el 26 de noviembre de 1983 mientras no aparecieran
nuevos indicios que ayudaran al esclarecimiento de los hechos.
El pronunciamiento se produce después de que el
fiscal presentara un informe en el que solicitaba que la Policía Nacional
elaborara un nuevo informe con las muestras de sangre intervenidas en su
momento en el vehículo en el apareció muerto con un tiro en la frente José
Ignacio Ustaran Ramírez en la noche del 29 de septiembre de 1980 “por si fuera
posible la obtención de muestras de ADN que permitieran la identificación de al
menos uno de los asesinos”.
El Ministerio Público también quiere que los
investigadores policiales analicen las dos balas halladas en el interior del
coche “por si coincidieran con las de otros asesinatos cometidos con
posterioridad por la banda terrorista”, lo que determinará si el crimen está
prescrito por el tiempo transcurrido o por el contrario no concurre causa de
interrupción. Es por ello por lo que la
Sala elude pronunciarse por ahora sobre este particular.
“El avance en las técnicas de investigación,
especialmente en cuanto a las identificaciones de ADN, permite pensar que
actualmente puedan obtener resultados, a los que en la fecha de los hechos no
se podía llegar, por lo que es procedente acceder a la práctica de los informes
que solicita el Ministerio Fiscal, pues pueden contribuir a esclarecer la
identidad de los autores de estos hechos”, razona el auto.
Se trata de uno de los 358 asesinatos perpetrados
por ETA que siguen sin aclararse y sobre el que planean numerosas
incógnitas que, casi cuatro décadas después, la Justicia no ha sido capaz
de despejar. Se desconoce qué comando acabó con la vida de este perito-tasador,
qué terrorista apretó el gatillo y qué arma utilizó para acabar con la vida de
Ustaran Ramírez a los 41 años.
Ramón Dávila, el abogado de la viuda (Charo Muela) e
hijos de José Ignacio Ustaran, considera que el auto de la Audiencia Nacional
es “histórico” por cuanto permitirá que “puedan aclararse las circunstancias y
posiblemente los autores de muchos de los crímenes de ETA”. En su opinión, la
resolución de la Sección Primera de la Sala de lo Penal “exterioriza el compromiso
de la Fiscalía
con las víctimas” y “abre grandes posibilidades a las acusaciones de instar
diligencias acordes con las tecnologías y avances científicos que ayudarán a
encontrar a los responsables de los asesinatos”.
Charo Muela Velasco instó la reapertura del caso
meses atrás tras tener acceso al sumario y comprobar que ni el juzgado de
Vitoria que inició la investigación ni el juzgado central de la Audiencia Nacional
que asumió el caso por competencia ordenaran que se practicara ninguna
diligencia para determinar la autoría de este asesinato. “Cuando haya
visto el sumario, la Sala
se habrá quedado tan impresionada como nosotros al comprobar que no se ha
investigado absolutamente nada”, declara a este diario.
La viuda de Ustaran Ramírez considera que este auto
es “un primer paso esperanzador” y confía en que ahora “se pongan todos los
medios para que se agilice” la instrucción y se determine quién mató a su
marido. Además de a su abogado, Muela Velasco agradece especialmente el “apoyo”
que le ha prestado en este procedimiento Consuelo Ordóñez como presidenta del Colectivo de
Víctimas del Terrorismo en el País Vasco (Covite).
Los informes periciales ordenados ahora por la Audiencia Nacional
podrían determinar de quién era la sangre que se descubrió tanto en la puerta
trasera derecha -perteneciente supuestamente al autor material del disparo, que
debió herirse con el primer tiro- como en la manilla de apertura de la puerta
trasera izquierda del vehículo en su lado exterior. La insuficiente cantidad
impidió acreditar a qué grupo sanguíneo correspondía la sangre hallada en la
segunda localización.
Respecto a la muestra de sangre recogida en un
tocadiscos del Club Holiday, adonde funcionarios policiales se personaron
durante la madrugada del 30 de septiembre de 1980 tras tener conocimiento de
que una persona acudido horas antes a ese local vitoriano “para curarse de una
herida por la que al parecer le manaba abundante sangre” por si ese episodio
guardaba relación con el atentado sufrido por José Ignacio Ustaran, el análisis
determinó que era del grupo cero. El mismo que el de la sangre que había sobre
el citado picaporte.
El análisis de balística forense tal vez arroje luz
décadas después a fin de conocer si la munición empleada por la banda para dar
muerte a este ingeniero técnico es la misma que se empleó en otros asesinatos
cometidos por ETA, lo que también podría delimitar el perímetro de búsqueda de
los autores. Ello es fundamental para determinar si el caso está prescrito o
si, por el contrario, ha habido continuidad y no opera la interrupción de los
plazos que impediría la persecución penal de los responsables.
La inspección ocular permitió hallar en el coche dos
vainas que se correspondían a cartuchos del 22 Long Rifle fabricados por la
firma estadounidense Winchester Repeating Arlis Co., según se detalló en el
informe balístico elaborado en su momento por la Policía. También
se intervinieron dos balas que, atendiendo a su peso y formato, podrían ser
cartuchos del 38 Smith Wesson Special.
En concreto, una bala terminó incrustada en el panel
de la puerta trasera izquierda del vehículo -un Talbot 150, con matrícula
VI-5514-E, propiedad de la víctima- después de atravesarle el cráneo. El otro
proyectil se encontró en el apoya-brazos de la puerta delantera derecha, “junto
al armazón de metal”. Según la tesis policial, este disparo debió ser anterior
al que causó la muerte al ingeniero técnico vitoriano y se produjo por una
“acción involuntaria” del terrorista.
Opinión:
Una buena noticia. Cualquier delito debe ser
investigado y el hecho de que una banda terrorista abandone su “actividad” no
debe ser argumento para no dejar de investigar los crímenes que hayan cometido.
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