19 mayo 2018
Acercar a presos etarras
La política penitenciaria es una de las herramientas en
manos de un Gobierno que cuenta con suficiente capacidad de graduación como
para poder abarcar desde la flexibilidad en casos puntuales y la capacidad de
reacción por razones humanitarias o estratégicas hasta la máxima rigidez.
Durante la democracia, los Gobiernos han desarrollado esas políticas
penitenciarias de forma muy variada: Aznar acercó a 135 etarras a prisiones
vascas durante la tregua de ETA de 1998-1999.
La dispersión de los presos ha sido después la política en
general de todos los Gobiernos, en paralelo al empecinamiento de la banda en
continuar con el terrorismo o con su mera existencia sin pedir perdón. En las
últimas semanas, sin embargo, de forma previa al anuncio de disolución de ETA,
el Gobierno ha contactado con los responsables de algunas prisiones para
interesarse por la disposición de 40 de los 242 recluidos en España a aceptar
las vías legales que puedan facilitar su reinserción. Se trata de 29 etarras
que están ya en segundo grado penitenciario y de 11 con enfermedades graves. El
Gobierno lo ha atribuido a una ronda de información rutinaria, pero las fuentes
citadas por EL PAÍS niegan ese “carácter rutinario”. El acercamiento de los
presos ha sido una constante reivindicación del PNV, partido clave para aprobar
los Presupuestos. Una medida de este tipo generaría quizá una reacción adversa
por parte de algunas asociaciones de víctimas del terrorismo y de algunos partidos,
que lógicamente exigen la colaboración de los etarras en el esclarecimiento de
los 379 casos pendientes antes de cualquier actuación de esta naturaleza.
La justicia y las fuerzas de seguridad deben seguir
funcionando para esclarecerlos y para que los culpables cumplan la sanción
correspondiente, sin olvidar que “las penas privativas de libertad y las
medidas de seguridad estarán orientadas hacia la reeducación y reinserción
social”, según el artículo 25 de la Constitución. Nada
de esto —ni la firmeza de las fuerzas de seguridad, de la justicia, ni del
Gobierno— está en contradicción con la posibilidad de aplicar de forma siempre
individual la flexibilidad que permite la ley con los detenidos dispuestos a
abrazar “medidas de reinserción”, objetivo constitucional de la prisión. El
ministro Zoido ha asegurado tras la publicación de EL PAÍS que “no habrá
impunidad ni blanqueo de ETA”. Y que la política penitenciaria “será conforme a
la ley”. Pero la flexibilidad también está dentro de la ley. El Estado, no
olvidemos, ya ha vencido al terrorismo.
Opinión:
Bueno, ya parece que se abre la veda para hablar de según qué temas que algunos (muy pocos, por cierto) llevamos años explicando... como ejemplo, "aquello" de los terroristas acercados durante la tregua de la banda terrorista ETA en 1999...
Y no deja de ser extraño que se hable, ahora sí, de "algunas asociaciones" cuando ha sido la norma meter a "LAS" víctimas como colectivo en cualquier noticia fuera de índole política o jurídica. Esta circunstancia me hace pensar en una cuestión que merecería una pequeña investigación periodística: si AHORA se habla de "algunas" asociaciones ¿qué ocurre con víctimas que comparten militancia o adhesión en diferentes entidades al mismo tiempo? ¿las representan las que AHORA están en la palabra "algunas" o las representan las que no lo están?
Es más ¿hemos sido consultadas "las" víctimas al respecto?
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