04 mayo 2018 publico.es

04 mayo 2018 

Barkos y Urkullu trabajarán juntos para convertir “la tragedia del pasado en la esperanza del futuro”

Los presidentes de los gobiernos vasco y navarro hacen público un documento tras el anuncio del final de ETA que contiene una serie de compromisos en materias como convivencia, víctimas o presos. “Ha costado mucho, demasiado tiempo, pero finalmente la paz se impone a la violencia”, subrayaron.

Nuevo acto inédito en una semana cargada de simbolismo. 26 horas y media después de que ETA anunciara oficialmente su disolución, los máximos responsables institucionales de la Comunidad Foral Navarra y del País Vasco han ofrecido una imagen que también formará parte de estos días históricos: Uxue Barkos e Iñigo Urkullu han comparecido de manera conjunta para dar a conocer una declaración institucional firmada por ambos mandatarios, quienes han anunciado una serie de acciones conjuntas “para acordar los pasos que consoliden una nueva etapa de convivencia en nuestra sociedad”.

El lugar elegido para esta comparecencia ha sido el Palacio del Señorío de Bertiz, una edificación situada en medio del parque natural que lleva ese mismo nombre, al noroeste de Navarra. Primero se fotografiaron a la entrada, donde esperaba un amplio número de cámaras. Luego, en una sala sin banderas, llegó el momento de la declaración solemne.

Tanto Barkos como Urkullu habían rehusado participar en el encuentro internacional celebrado este viernes en Kanbo, donde distintas personalidades internacionales certificaron la disolución de ETA y llamaron al gobierno de Mariano Rajoy a aprovechar la histórica situación planteada para dar pasos hacia la convivencia. Según ha podido confirmar Público, tampoco hubo representantes de los gobiernos del País Vasco y Navarra en la comparecencia del jueves en la sede de la Fundación Henry Dunant en Ginebra, donde representantes de ese centro comunicaron que ETA había decidido disolverse.

En ese contexto, las oficinas de Prensa de ambos gobiernos informaron el jueves por la tarde que a las 16.30 de este viernes tendría lugar una declaración institucional en el Palacio del Señorío de Bertiz, donde darían a conocer una posición común ante este tema. Había un buen trabajo previo al que aferrarse: a lo largo del proceso que ha desembocado en la disolución de ETA, ambas administraciones autonómicas han mantenido una estrecha relación. De hecho, sus puntos de vista en torno a la paz y la convivencia son absolutamente coincidentes, tal como ha vuelto a confirmarse en la declaración institucional dada a conocer desde el corazón del Parque Natural de Bertiz.

La primera parte de la valoración estuvo a cargo de Barkos. “La declaración de ETA pone fin a un periodo histórico oscuro, marcado por la violencia y el dolor”, indicó la presidenta navarra, quien destacó que las instituciones trabajarán para que “comience un nuevo tiempo”. Su intervención –al igual que la del lehendakari- estuvo marcada por reiteradas alusiones al carácter “injustificado e injustificable” de la violencia, así como hacia la memoria de las víctimas. “La acción terrorista de ETA ha provocado dolor y una pérdida irreparable a miles y miles de personas, víctimas de una violencia injusta e injustificable ETA nunca debió existir porque nunca nadie debió creer que podía tomar las armas para atacar a otras personas en la supuesta defensa de una idea o proyecto o pretender suplantar la legítima expresión de soberanía emanada del pueblo”, remarcó Barkos.

Tras el abandono de la violencia por parte de ETA, llamó a “avanzar en una memoria crítica del pasado” que permita “recuperar el relato de lo acontecido” y, al mismo tiempo, impida caer “en la injusticia del olvido o de la desmemoria”. “La memoria es la que nos permite además que lo ocurrido en el pasado no se distorsione o, peor aún, se justifique”, subrayó.

En ese apartado, la mandataria autonómica hizo alusión a la cuestión de los presos. “Aunque plural y diversa, la memoria debe compartir una base firme sustentada por los derechos humanos y la dignidad humana como elementos incuestionables e invulnerables, incluida la superación de la excepcionalidad en políticas penitenciarias”, expresó.

En esa línea, lamentó que en el comunicado final de ETA “no se ha proyectado una mirada ética y crítica a las consecuencias de su acción reconociendo la injusticia del daño causado a todas las víctimas sin excepción”. No obstante, indicó que tampoco puede obviarse que la disolución “marca la dirección de un nuevo tiempo”. “Nos sitúa ante un nuevo escenario, en la que nuestra responsabilidad es convertir la tragedia del pasado en la esperanza del futuro a partir de una memoria justa y duradera”, precisó.

Por su parte, Urkullu desgranó su discurso en torno a los cinco conceptos que, a su juicio, provoca el actual momento histórico: “alegría, memoria, esperanza, ilusión y compromiso”. “Ha costado mucho, demasiado tiempo, pero finalmente la paz se impone a la violencia”, subrayó.

“ETA desaparece como amenaza; pero no como triste recuerdo. Queda la memoria de todo el injusto daño generado”, afirmó el lehendakari, quien al igual que Barkos lamentó que “en su último comunicado, ETA no ha sido capaz de expresar una palabra de rectificación dirigida a todas las víctimas”. “Pero la sociedad vasca y las instituciones –continuó- sí podemos hacerlo: utilizar la violencia y la violación de los derechos humanos como arma política fue un radical error humano, ético, político y democrático. Nunca más”.

“Ni una sola de las víctimas provocadas por ETA debió producirse nunca. Las víctimas son hoy sujetos y partícipes principales de este logro democrático de la sociedad, sus instituciones, la política y los derechos humanos”, remarcó. 

Propuestas conjuntas

Tras sus intervenciones, desde Vitoria y Pamplona se distribuyó un documento con las “propuestas y compromisos tras el anuncio de la definitiva desaparición de ETA”, suscrito por ambos gobiernos. En primer lugar, marcan una serie de “pasos a corto plazo” que “tienen una relación directa con el cierre definitivo del capítulo de ETA” y se plasman en “dos objetivos autónomos”: “una reflexión crítica global sobre el pasado que, incluyendo explícitamente la violencia de ETA, sea compartida, por primera vez, por todas las fuerzas políticas”; y por otro lado “un consenso sobre adaptación de la política penitenciaria al nuevo contexto que, definitivamente, alcance a todas las fuerzas políticas”.

A medio plazo, plantean consolidar una “memoria plural y compartida, basada en la clarificación de lo ocurrido en materia de vulneraciones de derechos humanos”, lo que estaría unido al impulso de “políticas públicas de reconocimiento y reparación de todas las víctimas del terrorismo, la violencia y las violaciones de derechos humanos”. También se incluye “la promoción de una educación y una cultura para la convivencia y los derechos humanos de vocación preventiva ante el futuro y sus retos emergentes”.

En materia de compromisos, dibujan una serie de “pasos estratégicos a corto plazo” que pasan por “promover una declaración crítica y global sobre el pasado que, incluyendo la violencia de ETA, sea compartida, por primera vez, por todas las fuerzas políticas”. Esos sí, también marcan cuál debe ser “el punto de partida de cara a esta reflexión crítica y compartida”: “el final de ETA no puede suponer pasar página sin una valoración crítica y explícita sobre lo sucedido”.

También debe asumirse que “la construcción del futuro se asienta en el reconocimiento del daño injusto provocado a las víctimas del terrorismo y la violencia”, mientras que “la construcción de una memoria plural y compartida se ha de basar en el rechazo público a cualquier forma de terrorismo o violencia y a su legitimación o justificación”.

Del mismo modo, consideran que “la normalización de la convivencia requiere una valoración clara y compartida sobre la injusticia de la violencia de todas las organizaciones terroristas, y singularmente de ETA”. “Ante todas las víctimas, es necesario reconocer que ninguna causa tuvo nunca un valor mayor que la vida, dignidad o integridad de cada una de ellas”, subrayan.

En esa línea, los gobiernos de Euskadi y Navarra se comprometen a que “la memoria y el honor de las víctimas no queden relegados por una mirada al futuro que se olvide del pasado”, así como a reparar a todas ellas, “sea cual sea la causa de su victimación, rechazando cualquier tipo de equiparación compensatoria entre unas u otras vulneraciones de derechos humanos”.

Grupo de trabajo sobre presos

Respecto a la situación de los presos, anuncian que promoverán la creación de “un Grupo de trabajo sobre Política Penitenciaria entre el Gobierno de Navarra, el Gobierno Vasco y el Gobierno español” que tendría como objetivo desarrollar los “consensos parlamentarios que se alcancen en Navarra y en Euskadi”.

De cara a lograr ese consenso, se emplazará a los presos a “desarrollar las vías legales penitenciarias sobre la base de los principios de individuación, reconocimiento del daño causado y reinserción”. Del mismo modo, se buscará su acercamiento a cárceles próximas a sus lugares de residencia “conforme a lo que establece la legislación penitenciaria” y se intentará “aplicar con criterio humanitario las posibilidades que ofrece el ordenamiento jurídico tanto para personas presas enfer¬mas o con menores a su cargo, como septuagenarias”.

Asimismo, se promoverá “una política de reinserción acorde con su definición constitucional, y con itinerarios viables cuando el riesgo de reincidencia ha desaparecido fehaciente y definitivamente”.

“Políticas públicas de justicia”

El acuerdo alcanzado entre ambos gobiernos incluye además una serie de “pasos estratégicos a medio plazo”, entre los que se encuentra el desarrollo de “una estrategia integral para la convivencia, otorgando carácter de prioridad a los siguientes ámbitos de acuerdo” y el impulso de “políticas públicas de justicia, reparación y solidaridad con todas las víctimas del terrorismo, y de memoria y clarifica¬ción del pasado”. Se fijarán también “políticas públicas de educación y cultura de convivencia y derechos humanos, así como de “de reconocimiento legal de los derechos de las víc¬timas de vulneraciones de derechos humanos de motivación política”.