13 mayo 2018 La Vanguardia

13 mayo 2018

El Estado se niega a considerar víctimas de ETA a una pareja que perdió a sus hijos en el atentado de Hipercor

Hasta 1989, año de la primera sentencia contra los autores del atentado de Hipercor, ningún organismo público atendió a las víctimas. Ni siquiera les informaron del juicio, por si querían personarse. Un informe de 2016 del Defensor del Pueblo señala que muchas familias víctimas del terrorismo se han quedado “sin acceso a la justicia” porque “han permanecido desinformadas a lo largo del tiempo”.

De hecho, de los 21 muertos y 46 heridos del atentado de Hipercor, sólo trece víctimas (o familias) cobraron indemnización por responsabilidad civil subsidiaria del Estado por conducta omisible porque la policía no desalojó el establecimiento. Treinta y tres víctimas quedaron sin derecho a indemnización porque cuando reclamaron unos años después –cuando Manrique pudo localizarles– se les denegó la petición por estar fuera de plazo. En este grupo están también Enrique Vicente y Nuria Manzanares. Sí, es otro agravio.

“Después del atentado, seguí trabajando, pero me encontraba mal –relata Nuria–, además estaba embarazada. Y suerte de este hijo porque es lo que nos ha hecho aguantar bien. Pero nos lo pasábamos en casa...”. Ella tuvo que bajar la persiana de su negocio, una peluquería, cuando la somatización de la tragedia acabó aflorando. Enrique también tuvo que olvidarse del taller de lampistería. Y le detectaron un tumor cerebral en 1992, por el que ha tenido que ser intervenido en tres ocasiones.

“El discurso de la Administración de que está al lado de las víctimas es sangrante y supone una victimización secundaria”, apunta Sara Bosch, que subraya que ambos tienen reconocidas las lesiones psíquicas y son incapacitantes. “Está documentado por los profesionales que las han valorado, que dicen que se derivan de las consecuencias de este atentado en su vida. Pero la ley solo considera las lesiones psicológicas de los que estaban en el lugar del atentado y en riesgo de muerte. Es negligente, incomprensible y no reparador”, constata la psicóloga.

La letrada Montse Fortuny también apunta que no les han dejado llevar su dolor con discreción. “Han tenido que visibilizarse para reclamar sus derechos y han tenido que revivir su experiencia”, subraya.

La ley de protección a las víctimas del terrorismo, de 2011, ha sido reformada en diversas ocasiones. En 2013 se incorporó a los amenazados por ETA y en cinco años el Estado ha reconocido como víctimas a 106 personas en esta categoría. En julio de 2017, Interior informó que 10.181 personas tienen el reconocimiento de víctimas en todas sus variantes.

No están incluidos en esa cifra del terror Nuria Manzanares y Enrique Vicente, a pesar de que tienen dos sentencias ganadas. La abogada Montse Fortuny expone las contradicciones de su caso: dos sentencias de sendos juzgados de lo Social de Barcelona los reconocieron como víctimas. Ambas fueron recurridas por el Estado. En el caso de Enrique, el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya dio la razón al recurrente, la Seguridad Social, y le retiró el reconocimiento de víctima, además de reclamarle las pagas que había cobrado, mientras que otro juez del mismo Alto Tribunal consideró que su mujer sí que era víctima. La abogada acudió al Supremo, que retiró también la condición de víctima a Manzanares. Con un mes de diferencia se le denegó también a Pilar Manjón, que perdió a su hijo en el atentado del 11-M.

“La valoración sobre quién es víctima o no debería ser neutral y contar con el criterio de expertos, no de cargos de la Administración”, constata Fortuny, que apunta también el factor económico: “El Estado piensa que si tiene manga ancha puede ser una piedra en un lago”.

Manrique lo constata. Hace años, en un despacho de Interior, en Madrid, alguien se sinceró sobre las repercusiones que tendría el reconocimiento de las secuelas psicológicas de familiares de víctimas como derivadas de atentado terrorista. “El razonamiento de la Administración fue: ‘Ostras Robert, si aceptamos esto saldrán víctimas de debajo de las piedras’”, señala.

“El discurso de la Administración de que está al lado de las víctimas es sangrante”

Manzanares, de 67 años, está sentada junto a su marido, de 68, en la consulta de la psicóloga Sara Bosch, que ha tratado sus secuelas. Asisten también a la reunión, para explicar mano a mano los detalles de este caso, la abogada laboralista Montse Fortuny, que ha batallado la causa ante los tribunales –y que en momentos difíciles de la conversación coge la mano a Nuria en un gesto de apoyo emocional–, y Robert Manrique, herido grave en Hipercor que lleva tres décadas entregado, con tesón, a que otras víctimas del terrorismo en Catalunya ejerciten sus derechos.

Manrique fue la persona que, con la sentencia de Hipercor en la mano se dedicó a buscar por el listín telefónico a las víctimas que no estaban localizadas para visitarlas y prestarles ayuda. “No tuvimos ningún asesoramiento por parte del Estado –denuncia Enrique–. Ni jurídico, ni médico, ni nada. Solo cuando nos encontró Robert empezamos a removerlo todo y fuimos a sesiones con el psicólogo; gracias a ellos estamos enteros pero el Estado tenía que ofrecernos ayuda, teníamos ese derecho”.