14 mayo 2018
Una demanda de justicia
Con motivo del acto de disolución definitiva de ETA,
comentamos en este mismo espacio el pasado día 4 que se trataba sin duda de una
buena noticia, pero que ello no significaba que se pudiera clausurar definitivamente
este trágico periodo de la historia de España, puesto que quedan todavía
capítulos importantes por cerrar, consecuencia de la actividad terrorista.
Y uno de ellos, sin duda, es la situación de abandono en
que se encuentran aquellas personas que se vieron afectadas por el atentado
etarra en Hipercor, en 1987, y que el Gobierno y la justicia españoles no
reconocen como víctimas del terrorismo básicamente porque no estaban en el
lugar de los hechos. Son los familiares de las víctimas –muertos y heridos– del
atentado, cuyas vidas se han visto marcadas desde ese día trágico por graves
consecuencias físicas y psicológicas, al punto de tener reconocida incluso la
incapacidad laboral absoluta por estrés postraumático.
Estas personas se han visto –pese a todas las promesas
oficiales– abandonadas por los sucesivos gobiernos a lo largo de todos estos
años, han tenido que batallar en los tribunales para reivindicar sus derechos y
someterse a terapias para intentar paliar las consecuencias de la tragedia que sufrieron
en primera persona. Se han visto obligadas a abandonar su trabajo, y algunas
han somatizado la tragedia en forma de enfermedades.
Todos los afectados coinciden en denunciar el abandono en
que se hallan por parte de una Administración que –según ellos– se llena la
boca de buenas palabras diciendo que está al lado de las víctimas. En lugar de
poder llevar su dolor en silencio, se han visto obligadas a pleitear para hacer
oír su voz. Y hay sentencias judiciales que reconocen a algunas de estas personas
como víctimas del terrorismo, tienen diagnosticadas por profesionales médicos
lesiones psíquicas que incapacitan para el trabajo, pero, pese a todo ello, el
Estado considera que no pueden ser reconocidas como tales víctimas. A algunas
se les reconocieron sus derechos, pero, luego, bien la Seguridad Social
bien un tribunal superior revocaron esa decisión.
Resulta incomprensible, injusto e incluso inhumano que
personas que han perdido a un familiar directo en un atentado no sean
reconocidas como víctimas del terrorismo. Las consecuencias de una acción
terrorista les han causado secuelas para el resto de su vida, y el Estado
debería reconocerlo y darles el tratamiento y la consideración que merecen. La
sociedad se lo debe, y la
Administración tendría que asumirlo. Creemos que es una
demanda de justicia.
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