23 mayo 2018 Diario de Extremadura

23 mayo 2018

La Junta complementará las ayudas estatales a las víctimas de terrorismo

La Junta de Extremadura concederá a las víctimas de terrorismo ayudas económicas adicionales a las que otorga el Gobierno. Es una de las novedades incluidas en el proyecto de ley que ha elaborado la Administración regional y que también plantea ampliar las ventajas asistenciales y materiales que contempla la norma básica estatal. La Consejería de Medio Ambiente y Rural, que tiene las competencias en materia de interior, expone al público el borrador de esta norma con el objetivo de poder recibir sugerencias. De esa forma, se inicia la tramitación de una ley que aún tardará varios meses en ser realidad y que está sujeta a modificaciones. La propuesta de la Junta consiste en dar un paso más allá de la ley autonómica de medidas para la asistencia y atención de las víctimas del terrorismo, que fue aprobada en el año 2005 pero que no llegó a ejecutarse por falta de un reglamento de desarrollo. La nueva norma también deja para una regulación posterior muchos de sus preceptos, pero sienta las bases para una atención más específica. De entrada, amplía su ámbito de aplicación. La ley de 2005 se aplica a los que hayan sufrido, así como a sus familiares más cercanos, actos cometidos desde 1968, año que históricamente se ha considerado el inicio de la actividad terrorista de ETA. Ahora se amplía hasta el 27 de junio de 1960, cuando falleció su primera víctima, una niña de 22 meses. Además, la Administración regional ya no sólo atenderá a víctimas de bandas organizadas o grupos armados, sino también de personas que a título individual realizan actos terroristas, tal como establece la ley estatal. Además, se incluyen como beneficiarios de las medidas de reparación las empresas que sufran daños en atentados. Uno de los requisitos para acceder a las ayudas será que el interesado solicite previamente al Gobierno las indemnizaciones establecidas en la norma estatal. La Junta de Extremadura incrementará estas cantidades en el porcentaje que se establezca reglamentariamente. Asimismo, en el desarrollo de la nueva ley autonómica se fijará el importe máximo a percibir de la comunidad. La aportación regional tendrá carácter complementario, de modo que sólo se abonará la diferencia entre la ayuda autonómica y la concedida por otros organismos. Si esta última es igual o superior a la extremeña, la persona beneficiaria no percibirá ninguna cantidad. En materia de reparación, la nueva norma plantea la concesión de indemnizaciones por daños físicos o psíquicos con ocasión del fallecimiento, gran invalidez, incapacidad permanente absoluta, incapacidad permanente total, incapacidad permanente parcial, incapacidad temporal y lesiones de carácter definitivo no invalidantes. 

También se compensarán los da- ños materiales causados en la vivienda habitual de la víctima (se contempla asimismo un alojamiento provisional), en los establecimientos mercantiles o industriales, en elementos productivos de las empresas, en las sedes de los partidos políticos, sindicatos u organizaciones sociales y en vehículos particulares y de transporte. Asimismo, se subvencionará la instalación de sistemas de seguridad. Estas indemnizaciones están pensadas para nuevos actos, pero la ley también contempla un amplio abanico de actuaciones asistenciales que llegarán a quienes ya tienen la condición de víctima de terrorismo. 

Prestaciones asistenciales 

Muchas de estas prestaciones dependerán del desarrollo normativo, pero ya se plantea una atención más amplia que la establecida en 2005. Por ejemplo, la Junta asumirá la asistencia médica de quienes hayan sufrido lesiones por actos terroristas, tengan o no la condición de asegurados por el sistema público. Esto incluye el tratamiento, la implantación de prótesis, las intervenciones quirúrgicas y las necesidades ortopédicas, así como los gastos generados por el acompañamiento fuera de la región. Asimismo, se propone asistencia psicológica inmediata y de atención a las secuelas que se puedan producir, así como ayudas para gasto farmacéutico. 

También se plantea que las víctimas puedan recibir una atención urgente para la valoración y el acceso a prestaciones por dependencia. Además, tendrán preferencia en el ingreso a los centros residenciales de personas mayores. 

Junto a esto, se propone una atención específica en centros docentes, con la posibilidad de acceder a ayudas para material, transporte y residencia que pueden llegar hasta estudios de posgrado. 

La nueva norma también propone conceder ayudas a las asociaciones de apoyo a quienes han sufrido actos de terrorismo y la creación de dos nuevas distinciones honoríficas: la Medalla a las víctimas y la Medalla a la defensa de las víctimas.