10 marzo 2015 (09.03.15)
Presentación del libro 'Agujeros
del sistema' en el Parlamento Vasco
Expertos
instan al Estado a que 'pida perdón' a las víctimas de ETA por sus
'negligencias'
Denuncian que hay 314 atentados
de ETA sin resolver, más 66 amnistiados
Asegura que España ha violado
'gravemente' los derechos humanos de estas víctimas
Cuestionan el 'rigor' del informe
encargado por el Gobierno vasco, que rebaja esas cifras
'Hay terroristas que están en la
calle y no saben por qué después de haber confesado'
Los “errores” de la Justicia frente a ETA
El Estado de Derecho en España en
su labor por esclarecer y juzgar la responsabilidad penal de centenares de
asesinatos a manos de ETA ha cometido "negligencias, errores e
irregularidades" que han supuesto que hoy haya al menos 314 casos sin
resolver, además de los 66 amparados en la Ley de Amnistía de 1977. Así lo recoge el libro
“Agujeros del sistema” escrito por el periodista Juanfer
F. Calderín, que
lo ha presentado esta mañana en el Parlamento Vasco a petición de UPyD de la mano del catedrático
de Derecho Internacional Público Carlos Fernández de Casadevante, que escribe un capítulo desde la
visión de la legislación internacional sobre derechos humanos.
El catedrático de la Universidad Rey
Juan Carlos ha defendido que España ha violado "gravemente" los
derechos humanos de estas víctimas, entre ellos el derecho a la verdad, por no
haber investigado sus casos y haber cometido negligencias como perder los
sumarios, destruirlos sin autorización o dejarlos prescribir sin mayor
investigación, lo que ha generado su "segunda victimización". Ha
reclamado que el Estado "como mínimo debe pedir perdón" a estos
familiares de asesinados en los más de 40 años de historia de ETA, además de
compensarles con una indemnización por la responsabilidad civil de los
funcionarios, especialmente jueces, que cometieron esos errores. En suma,
Fernández de Casadevante ha reclamado a los organismos y al personal del Poder
Judicial responsables de estas situaciones a "asumir las
consecuencias" de su modo de actuar. "A cualquier otro profesional
que cometa estas irregularidades se le cesa o se le reclama una
indemnización", ha denunciado.
También les ha pedido que, aunque
ya no sea posible imputar responsabilidades penales a los autores de los
crímenes, sí se asuma como prioridad la labor de satisfacer el derecho a la verdad de las víctimas:
quién asesinó a sus parientes, quién dio la orden.
Incluso ha emplazado a los
familiares de víctimas cuyos asesinatos siguen sin esclarecerse a que acudan al
Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo para intentar que resuelva
esta "escandalosa" situación, aunque ha reconocido que el proceso es
muy complejo, ya que antes hay que agotar todas las vías judiciales en España,
cosa difícil con los casos prescritos.
PP, PSE y PNV -Gorka Maneiro, de
UPyD, se ha ausentado por el fallecimiento de un familiar, por lo que el resto
de grupos ha expresado sus condolencias- han constatado la terrible fotografía
que dibujan los datos. EH Bildu ha asegurado en todo caso que el fenómeno de la
"segunda victimización del Estado" es "más amplio" porque
también ha habido condenas a España por parte del Tribunal Europeo de Derechos
Humanos por no investigar suficientemente las torturas por parte de las fuerzas
de seguridad.
"Hay terroristas que están en la calle y no saben por qué después
de haber confesado", ha ejemplificado el periodista, al
explicar que ha habido confesiones en sede policial ratificadas ante un juez
que nunca se incorporaron a los sumarios. También ha habido casos archivados
"en 24 horas", otros que no llegaron nunca a la Audiencia Nacional ,
otros expurgados por jueces sin competencias para ello... Ha subrayado también
que a algunos de los miembros de la 'vía Nanclares' como Carmen Gisasola
"ni se les ha preguntado" por casos que pueden ayudar a esclarecer.
Los expertos han cuestionado por
otra parte el "rigor" del informe sobre atentados terroristas sin
esclarecer que encargó el Gobierno vasco a un grupo de personas coordinadas por
el periodista y escritor Carlos López Fonseca y que rebaja la cifra de asesinatos sin dilucidar a sólo
197 casos, el 23% del total. Calderín ha subrayado que, a diferencia de
lo que ocurre en ese informe realizado en unos meses, en el suyo, que le ha
llevado más de dos años, figuran cada uno de los atentados, el número de
sumario, las fechas relevantes, etc.
Además de citar un puñado de
errores sobre casos que aparecen como esclarecidos y no lo están, también ha
argumentado que los asesinatos sin esclarecer no son sólo los sobreseídos y los
amnistiados, sino que hay que analizar "caso por caso" porque algunos
con sentencia, pero absolutoria, o con sentencia que sólo castiga a "meros
colaboradores" y no a los autores materiales del tiro en la nuca o el
coche bomba.
Casadevante ha añadido su
"estupor" por que los jueces desconocieran este tipo de casos y por
que, una vez los conocen, no se haya hecho nada. Ha citado el informe realizado
por la Fiscalía
de la Audiencia
Nacional a instancias de la entonces presidenta de la Fundación de Víctimas
del Terrorismo, Maite Pagazaurtundúa, en el que la Audiencia Nacional
se "excusa" y no hace "ninguna autocrítica" argumentando
que en los años de plomo ETA atentaba mucho, que España salía de una democracia
y que no había sistemas informáticos. Según el catedrático, la jurisprudencia
del TEDH indica que "el contexto" en que se pudieron cometer las
irregularidades "es irrelevante".
Opinión:
Desde que entré en la antigua AVT en 1989 tuve la
meta de conocer todos los atentados cometidos en, al menos, Catalunya. Invirtiendo muchos cientos de horas de sueño, descanso y familia, pude
documentar un gran número de ellos, incluyendo los documentos TERVIC aportados
por los compañeros de Madrid.
En mi etapa en la asociación catalana continué con
esa labor y prueba de ello es el gran número de víctimas localizadas que
constan an los listados de “aquí” pero no en los de “allí”.
A ello siguió una etapa corta pero muy intensa en el
SIOVT, creación del Departament de Justicia de la Generalitat de
Catalunya... con el tiempo, los recursos y el acceso a información que me
permitió localizar y documentar muchísimos atentados perpetrados por bandas
terroristas ya, por suerte, desaparecidas.
Sinceramente, si eso lo hizo un servidor, solito y
sin ayuda externa de nadie... ¿no lo puede hacer una administración en la que,
casi con total seguridad, hay personal cobrando por estar mano sobre mano las
ocho horas de jornada laboral?
Y ya puestos, ya que hay tanto interés en esclarecer
los atentados ocurridos en el País Vasco, aquí en Catalunya también tenemos una
larga relación para investigar. ¿Quién se atreve?
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