18 junio 2017
Hipercor, la versión
que los políticos no cuentan
http://www.elperiodico.com/es/noticias/politica/version-que-los-politicos-cuentan-6108288
Treinta años después del atentado de Hipercor,
las familias de los fallecidos y los que sobrevivieron hablan de una segunda
muerte. La asestada por el olvido institucional. En los primeros días –y a
poder ser ante las cámaras– las autoridades los bombardearon con sus "estamos-aquí-para-lo-que-necesitéis". A los 174 días de la masacre, en
diciembre de 1987, la revisión forense de los heridos graves determinó que
estaban todos "curados". Y a partir de ahí, que cada cual
demostrara que sus trastornos futuros eran consecuencia del atentado. Nadie les
llamó, nunca.
Por otra parte, quedan por localizar tres víctimas que
aparecen en la sentencia de 1989 –Agustina Fita, María del Carmen
Villaronga y Martín Franco–, y
aún colean una decena de expedientes sin resolver. Dos ejemplos: 1/ el de Alberto Izquierdo,
herido leve, localizado el 6 de junio del 2015 –hace solo dos años– en un
albergue de Lloret en situación precaria. Interior lo reconoce, pero no lo
indemniza. "Es que las víctimas salen de debajo de las
piedras", se justifican. Y 2/ el del bebé que llevaba en el vientre María Teresa Daza,
muerta junto a su marido, Rafael Morales,
ambos de 33 años, y que el PP (el mismo que sostiene que "la vida
empieza en el momento de la concepción") no reconoce como víctima.
Ángeles guardianes
La sensación de desamparo habría sido monumental de no ser
por la formidable red de apoyo capitaneada por una de las víctimas, Robert Manrique,
el carnicero del súper que había cambiado el turno a un colega y que cortaba
lomo para libritos cuando estallaron los 30 kilos de amonal.
En la unidad de quemados del Hospital de Vall
d'Hebrón ya pensó en los 'otros'. Y al volver al trabajo, los
'otros' acudieron a él. La extensión 151, la de la carnicería de Hipercor, no paró
de sonar. Era el único localizable.
"Entonces era tremendamente difícil acceder a las
víctimas. Las autoridades no informaban", explica Juan Antonio Corredor,
guardia civil herido en el primer atentado con coche bomba en Madrid (1985) y
en aquel momento gerente de la
Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT), que empujó a Manrique a ser el delegado en Catalunya. A la
que pudo, montó oficina en su piso.
Mientras, y desde el primer momento, en el Col.legi
d’Advocats de Barcelona Santiago Montaner y Juli de Miquel –en 1989 defenderían a las víctimas de
Hipercor en el juicio penal–, previendo que habría heridos jóvenes,
pensionistas y gente en paro, se activaron y llamaron a la abogada laboralista Montserrat Fortuny para que se arremangara. A ella acudió
Manrique en nombre de un puñado de afectados y, en 1992, se sumó la psicóloga
forense Sara Bosch,
cuyos informes agilizaron la tramitación de una veintena de incapacidades. Los
tres han sido –y son, hoy por libre– los "ángeles de la
guarda" que
no han fallado nunca, en opinión de la mayoría de víctimas.
El silencio de los
Vicente-Manzanares
Un ejemplo de lo que, a falta de sostén institucional, han
asumido los tres es el caso de Núria Manzanares y Enric Vicente.
El matrimonio tenía dos hijos, Sílvia y Jordi,
de 12 y 9 años (Núria no lo sabía, pero estaba embarazada). Como ambos
trabajaban, Núria delegó en su hermana, Mercedes, la tarea de acompañar a los niños a Hipercor a
comprar material para las colonias. No regresó ninguno. Murieron por
asfixia.
"Durante años escondieron sus sentimientos para no
agrandar el sufrimiento del otro", explica Sara Bosch. Y
subraya que cuando el dolor es causado por otro ser humano y con una intención
clara de matar, las posibilidades de sufrir estrés postraumático se disparan al
40%. "En los primeros puestos del ránking están los padres de hijos
asesinados", añade. Sin embargo, la herida psicológica no es
inmediata. "No hay plazos para que se manifieste".
"El estrés postraumático, que afecta en especial a los padres
de hijos asesinados, no se manifiesta de forma inmediata", subraya la
psicóloga Sara Bosch
Pese a los esfuerzos de los Vicente-Manzanares por estar bien, la carcoma estaba ahí,
agazapada en su silencio. Imposible dejar de imaginar una y otra vez lo que
vivieron sus hijos mientras ellos, probablemente, reían algún chiste o miraban
el cielo de junio. Difícil dejar de preguntarse por qué ellos sí seguían
vivos. "La constelación de pensamientos, emociones y ruptura de
creencias es muy complicada de desmadejar", señala Bosch.
"En el 2007 los atendí por
separado –cuenta la abogada Fortuny–. A la luz del informe de Sara,
determinamos que eran víctimas de atentado terrorista". Un caso se
planteó en el Juzgado nº 19 de Barcelona, y el otro, en el nº 10. "En
uno el recurso lo planteó el Instituto Nacional de la Seguridad Social y en el otro, el Ministerio de
Economía y Hacienda". ¿Por qué impugnaban la
demanda? "La invalidez absoluta para el trabajo, que es el 100%
del sueldo, corre a cargo de la Seguridad Social –explica Fortuny–, pero la
pensión extraordinaria adicional es del 200% sobre el 100%, y el diferencial
corre a cargo del Ministerio de Economía y Hacienda".
Fortuny llevó el asunto al Tribunal Superior de
Justicia de Catalunya (TSJC), que impugnó los dos recursos pero
que, curiosamente, "en el caso de Núria se ratificó la pensión como
extraordinaria y en el de Enric, no". Como eran marido y mujer, con
invalideces permanentes absolutas por la misma causa, con dos sentencias de instancia
favorables y unos argumentos contradictorios utilizados por el TSJC, la letrada
planteó un recurso extraordinario de casación en el Supremo, justo cuando Pilar Manjón levantaba la voz sobre su situación
tras el 11-M.
"Pese a ser los primeros en presentar
el recurso de casación, nos hicieron esperar hasta resolver el de Manjón. Como
la sentencia fue desestimatoria, quedó claro que solo serían víctimas de
atentado terrorista las víctimas directas 'como consecuencia' y no 'con
ocasión de' –matiza la letrada–. Es decir, una madre y un padre, aun
devastados, al no estar en la escena, pasaron a no tener consideración de
víctimas".
“Estoy aquí, estoy
vivo”
¿Otro ejemplo del desatino institucional? En su febril
búsqueda, Manrique dio
casi por chiripa con Jordi Morales,
que a los 7 años se quedó huérfano de padre y de madre. Al ser menor cuando
ocurrió el atentado, la indemnización recayó en sus abuelos. Hasta ahí todo
bien. Pero en 1999 cambió la ley, hubo una revalorización de los importes y los
políticos le dijeron que no tenía derecho a percibir ni un céntimo porque no
aparecía en la sentencia.
"Soy el hijo legal de mi madre y de
mi padre, estoy aquí, estoy vivo, si quieren me hago la prueba del ADN",
se desesperó Morales.
Tuvo que contratar a un abogado, que se llevó el 10% de lo que finalmente le
correspondió. "El politicastro de turno no tuvo cojones de decir: ‘20 años
atrás nos equivocamos al escribir aquel puñetero papel, tú eres la víctima’
–lamenta a los 37 años–. ¿Qué les costaba arreglarlo y ahorrarme cuatro
años de problemas jurídicos?".
Señalar al Estado
Pero rebobinemos. Volvamos al 9 de octubre de 1989,
día del juicio penal del 'caso Hipercor'. El abogado Juli de Miquel,
defensor de las víctimas, cuenta que "la autoría no ofrecía dudas" y
que el imperativo era primero, "acreditar que, contrariamente a lo
que se había dicho, no era ningún problema desalojar el edificio", y
segundo, que ante los tres avisos de ETA, "la policía debía haber
prohibido el acceso y procedido al desalojo". Esa operación, según el jefe
de Bomberos, no habría llevado más de "10
minutos", y
confirma que los TEDAX no hicieron "ninguna comprobación".
Con las pruebas, De Miquel y Montaner presentaron "la primera reclamación contra el Estado por incumplimiento de
su deber de velar por la seguridad ciudadana".
El requerimiento hizo un largo viaje hasta el Supremo –todos se pasaban la
patata caliente– hasta que el 5 de abril de 1994 les dieron la razón. La sentencia
admitía que las fuerzas de
seguridad no adoptaron las medidas necesarias para
evitar la masacre. "Solo entonces las víctimas pudieron cobrar
indemnización". ¡Seis años después!
En aquel juicio solo hubo tres víctimas presentes: José Vargas –actual presidente de la Associació Catalana
de Victimes d’Organitzacions Terroristes (ACVOT)– en calidad de testigo,
el propio Manrique y Álvaro Cabrerizo,
que perdió en el atentado a su mujer, María del Carmen
Mármol, y a sus dos hijas, Sonia y Susana,
de 15 y 13 años, y que tras el entierro pidió cita con un psicólogo de la Seguridad Social
y le dieron hora para 11 meses después.
Así ha funcionado el «aquí-estamos-para-lo-que-necesitéis».
Una medalla
inmerecida
"Si España es hoy el país que tiene la mayor
protección legal de las víctimas del terrorismo no es gracias al
Gobierno", declara Corredor, el antiguo gerente de la AVT de Madrid. Y destapa las
vergüenzas del Estado: "Unos meses antes de aprobar la Ley de Solidaridad, la 32/99,
el Gobierno dijo que no había dinero para crearla". Manrique, de
natural impetuoso, va más allá: "Esa ley se logró gracias a la tregua de
ETA".
¿A qué se refiere? A que en 1998, ETA
presentó una tregua y pescó a José María Aznar en
Lima, donde estrechaba lazos con Alberto Fujimori (hoy en la cárcel por corrupción,
secuestro y crímenes de lesa humanidad). Desde el país andino, el presidente
declaró: "Sabremos ser generosos con los que abandonen la violencia". Y
las víctimas de ETA quisieron saber de qué "generosidad" estaba
hablando. Como nadie despejó su incógnita, se reunieron en Madrid para elaborar
a toda castaña la Ley de Solidaridad
con las Víctimas del Terrorismo, basada en el fondo de garantía
salarial. Luego el Congreso en pleno la aprobó y el ministro Jaime Mayor Oreja se colgó
la medalla. "Ni un solo empleado del Ministerio de Interior estuvo
presente en la cocina de esa ley", coinciden Corredor y Manrique.
Con la norma lista, tampoco el Estado se encargó de revisar
los expedientes de cada víctima de Hipercor, sentencia por sentencia, sumar a
la indemnización inicial –23 millones de pesetas (140.000 euros)– el IPC desde
el juicio del 89 hasta diciembre del 99 y tramitar cada caso. La AVT de Catalunya gestionó
indemnizaciones por un valor total de 900 millones de
pesetas (5,4
millones de euros).
Pero hay más. Desde el momento en que Manrique amplió el foco a víctimas de otros
atentados, vio cosas que no creeríamos. En marzo del 2014, por ejemplo,
encaminó sus pasos a la Dirección General de
Apoyo a Víctimas del Terrorismo, dependiente de Interior, con
el listado de nombres, fechas y sentencia; y la conversación con el funcionario
–llamémosle F– fue algo similar a lo que sigue:
F.– Vaya curro, tío, ¿y qué hacemos con
esto?
R.M.– Traigo la lista para que busquéis a
esta gente.
F.– Mira, hagamos una cosa, si alguien
quiere algo que venga a vernos.
Cuando ya había girado sobre sus talones, el funcionario le
dijo:
F.– Pide una subvención.
R.M.–¿Como persona individual?
F.– A través de alguna asociación.
De vuelta, andando por la calle de Veciana, Manrique se
tropezó con Anna Balletbò, le comentó la escena digna del landismo y la exdiputada del PSC le
recordó que era presidenta de la Fundación
Internacional Olof Palme [primer
ministro sueco asesinado en 1986]. "¿Quién mejor que nosotros para pedir
esa subvención y empezar a localizar a víctimas?", se ofreció ella.
Bastaría con 30.000 euros.
La respuesta llegó en julio del 2014: "Entidad
inadmitida por no cubrir los requisitos. Entre sus fines no se encuentra la
atención a las víctimas del terrorismo". La firmaba el entonces ministro Jorge Fernández Díaz,
el mismo que un año después decía: "Ante la mirada de las víctimas nunca
podremos bajar la vista. Nuestro deber es honrarlas y estar a la altura de la
máxima dignidad que representan".
También son los otros
"ETA ya no mata, has cobrado, ¿qué más quieres?", les suelen decir a las víctimas
cuando expresan su malestar
Pero el vacío no solo es cosa de las instituciones. También
es una disfunción social. Una damnificada le dijo a la psicóloga Bosch un día: "Mira, yo no esperaba
nada de los etarras –hicieron mal su trabajo porque querían dejarme hecha una
croqueta y sigo aquí, mal–, pero de quien esperaba algo era del Estado, de la
sociedad, de la familia".
En 30 años las víctimas de Hipercor no han podido borrar de
su cabeza la frase "algo habrá
hecho" en boca de propios y
ajenos. Tampoco que familiares no quisieran montar en su coche o tomar una
cerveza en la misma mesa del bar. "El tiempo lo cura todo" que
los bienintencionados les ofrecieron a modo de consuelo les sonaba a
incomprensión.
Es la herida del rechazo que no cesa, del "ETA ya no mata, has
cobrado, ¿qué más quieres?", del "demuestra que tu depresión viene de aquello", del
"no queda suficientemente acreditada la secuela" que les llega por
carta. Todo eso no encaja con la palabra "solidaridad". Se sienten un
cuerpo extraño.
“Pon una víctima en
un mitin”
Tras la mayoría absoluta de
Aznar, las víctimas de terrorismo saltaron de las páginas de
sociedad a las de política. A algunos les dieron cargos. A otros los pusieron
en la foto del mitin. Corredor dejó la AVT de Madrid porque, dice hoy, "cuando la
política entra por la puerta, la justicia sale por la ventana". Y algo
parecido le ocurrió en el 2007 a Manrique,
que cinco años después, libre de representación, fue a ver a Rafael Caride a
la cárcel de Zaballa –Domingo Troitiño y Josefa Ernaga están en libertad desde el 2013 y el
2014, respectivamente, y a Caride le queda un año– a petición del
etarra. El convicto le reconoció que había destrozado la vida de mucha gente, y
así se lo comunicó a todos.
ETA ha depuesto las armas. Arnaldo Otegi le dijo a Jordi Évole en un reciente 'Salvados' que "la intención no era
matar". Las palabras no devuelven a los muertos, ni los
empleos que perdieron los heridos. Los de Hipercor lo saben. Lo único que no
pueden soportar es que en este aniversario de cifra redonda –y en los
venideros– los políticos digan que la prioridad son las víctimas, que el
ejemplo de las familias es inspirador, que los muertos siempre serán
recordados. Eso no.
La palabra que les gustaría oír de ellos es 'perdón'.
Opinión:
Son unos días con un enorme caudal de solicitudes para
colaborar con medios de comunicación de todo tipo… algunas de las
colaboraciones son entrevistas a nivel personal y otras requieren la colaboración
de otras víctimas.
Y es un increíble la excelente disponiblidad de todas las víctimas
con las que he hablado, ninguna se ha negado a colaborar conmigo para organizar
todo este lío que empieza…
Dicho esto, es un placer haber contado incluso con la
colaboración de mi profesor en el mundo de la victimología terrorista Juan
Antonio Corredor, el responsable de que se me ocurriera levantar la mano en una
asamblea de la antigua AVT en un lejano, lejanísimo año 1990.
Empezamos la carrera…
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