08 junio 2017 (04.06.17)
Los expedientes
judiciales de víctimas mortales de ETA destruidos
Una extrabajadora de la Audiencia Nacional
alerta de que se han eliminado al menos siete causas judiciales relativas a
nueve víctimas de ETA.
Un grupo de veinticinco historiadores alertaba este viernes
de que en el País Vasco se está llevando a cabo una destrucción masiva de
documentación civil, militar y judicial relativa a los atentados perpetrados
por ETA en los últimos 50 años. La alarma, plasmada en un manifiesto, surgió a
raíz de unas jornadas celebradas el pasado mes de marzo en el Centro Memorial
de las Víctimas del Terrorismo y el Instituto Valentín de Foronda.
En aquellas charlas participaba
Carmen Alba, excoordinadora de la
Oficina de Asistencia a las Víctimas del Terrorismo de la Audiencia Nacional ,
que explicó a los asistentes cómo ha recuperado las causas judiciales sobre
asesinatos dispersas en los tribunales del País Vasco y también destacó que se
han destruido expedientes judiciales sobre atentados y otras actividades
terroristas, una realidad que ella misma lleva denunciando desde el año 2013.
Carmen Alba ha asegurado en declaraciones a esRadio que "siete causas
relativas a nueve víctimas mortales de
ETA se han destruido" y califica el hecho de "muy grave porque se
está vulnerando el derecho a la verdad de las víctimas del terrorismo y además
se está destruyendo la historia".
Otro de los escritores que se ha
topado con esta realidad es Juanfer Calderín, que mientras se documentaba para
escribir el libro Agujeros del sistema: más de
300 asesinatos de ETA sin resolver descubrió que ya no existe el sumario
de la causa del exalcalde de Bedia, Luis María Uriarte. Tampoco se puede
consultar el sumario del caso del periodista José María Portell, asesinado por
ETA en el año 1978, porque la documentación se destruyó en
octubre de 2008.
Según explican los historiadores en
su manifiesto, en el año 2003 se crearon las Juntas de Expurgo,
unos organismos administrativos encargados de eliminar los expedientes de
aquellos casos que han finalizado o prescrito, pero que debe también conservar
los que "la administración competente en materia de patrimonio cultural
reclame por su valor histórico".
En este caso, apuntan los
historiadores, el organismo responsable es la Junta de Expurgo de Expedientes Judiciales de
Euskadi, que tan sólo un año después de su creación, "ya había destruido
más de setenta toneladas de
documentación de
los ámbitos civil, penal, social y contencioso-administrativo".
El escritor Juanfer Calderín
asegura que "la Audiencia Nacional tenía que haber
tenido controlados esos sumarios y
nunca los ha tenido hasta hace escasa fechas" y acusa a algunos juzgados
del País Vasco de actuar "sin legitimidad", movidos por "una
sinrazón" que ha acabado con la destrucción de documentos porque "a
nadie le ha importado esto y no se ha puesto la necesaria cautela en algo tan
importante como la investigación judicial de asesinatos terroristas".
Carmen Alba puntualiza que en la Audiencia Nacional
no se ha destruido ningún tipo de documentación y que los expurgos judiciales
realizados en el País Vasco se hacen públicos en el Boletín
Oficial de la comunidad autónoma.
En este punto, Carmen Alba pone el
foco sobre otro grave problema. Los tribunales del País Vasco no tienen
competencia para juzgar los casos de terrorismo, pero la realidad es que muchos
de ellos no derivaron estos procedimientos a la Audiencia Nacional ,
que desde su fundación en el año 1977 es el único tribunal competente en este
tipo de casos. Por ese motivo, la documentación judicial permanece desperdigada
en diversos archivos y su acceso es sumamente complicado.
Los historiadores afirman que "si se
confirma la destrucción masiva de expedientes judiciales generados en Euskadi
en los últimos cincuenta años, se limitará la posibilidad de
hacer historia de manera rigurosa". Calderín va un paso más allá y asegura que se trata
de "una barbaridad" porque "puede darse la circunstancia de que
una persona que ostente un cargo público haya estado relacionada con un
asesinato terrorista, pero nunca lo sabremos porque la documentación fue
destruida por organismos que no tenían legitimidad para hacerlo".
Opinión:
Para empezar, decir que tengo en alta
estima a Carmen Alba porque he mantenido diversos contactos con ella en razón
de su labor como trabajadora en la
Audienc ¡a Nacional. No han sido pocas las ocasiones en las
que hemos tenido que hablar sobre expedientes y, por encima de todo, de los sentimientos
de muchas de las víctimas que aparecían en los expedientes. Jamás tuve un solo
problema con ella y sí reconozco su colaboración y entrega por efectuar un buen
trabajo.
Por ello me sorprende leer lo de
EXtrabajadora… aunque ya no hay casi nada que me sorprenda de parte de la
administración de Justicia.
Y tampoco me sorprende que aparezcan
noticias y denuncias como la que menciona la información. A los que nos gusta
investigar sobre las razones de las cosas rebuscando y consultando fuentes documentales
de reconocida solvencia y experiencia demostrable, ya nada nos sorprende.
Del mismo modo que hay que investigar
hasta donde pueden llegar las responsabilidades en la eliminación de esta
documentación también habría que investigar en otros campos… incluidos los de “las”
víctimas que no son tal cosa… el tema de la documentación es taaaaan
apasionante… que siempre te encuentras con sorpresas.
Eso mejor lo dejamos para más adelante.
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