01 julio
2017
La mayoría de los
presos de ETA acepta la vía legal para ir logrando excarcelaciones
Tres de cada cuatro reclusos aceptan el plan que han
rechazado durante décadas. Un 14% se opone a seguir ese camino
Tres de cada cuatro presos de ETA han aceptado acogerse a
la legalidad penitenciaria vigente y de forma individualizada para poder
acceder a los beneficios penitenciarios y la progresión de grados contemplados
en los reglamentos penitenciarios. El colectivo oficial de reclusos (EPPK, en
sus siglas en euskera) da así por terminado el debate interno iniciado en
diciembre del año pasado entre sus reclusos. La participación ha sido de un
87,2% del total de internos de la banda diseminados en las cárceles españolas y
francesas.
El resultado del debate permite a
los presos tomar decisiones de manera individual sobre el estatus al que
quieren acceder en prisión y la defensa jurídica que quiera adoptar, aunque
previsiblemente la mayoría seguirá yendo de la mano del colectivo de presos y
de sus letrados. De este modo cada preso decidirá si aprovecha o no los cauces
que la ley le ofrece de cara a progresar de grado.
Actualmente la mayoría de los
presos de ETA está en el primero de los tres grados penitenciarios en los que
está organizada la trayectoria del recluso, siendo el primero el más duro y el
tercero el que facilita el acceso a los beneficios, permisos, destinos, cómputo
de redenciones o acceso a la libertad condicional, un estatus al que también se
puede acceder en determinadas condiciones con un segundo grado.
En un comunicado remitido al diario Gara y publicado ayer parcialmente en su
edición digital, el EPPK revela los resultados de la votación sobre el
documento base del debate interno. El 73,4% de los presos han aprobado la
propuesta de la dirección del colectivo de reclusos, también conocida como la vía Rufi, en referencia a Rufi
Etxeberria, a quien, junto con el también militante histórico de la izquierda
abertzale Juan Mari Olano, se le atribuye la paternidad de la iniciativa.
Frente a esos 221 reclusos que han
aceptado la legalidad penitenciaria, 42 internos la han rechazado, esto es, un
14,2%. Este porcentaje puede dar una idea del peso numérico de los presos
disidentes de la oficialidad de la izquierda abertzale, que simpatizan con los
planteamientos del Movimiento pro Amnistía y contra la Represión , más conocido
como ATA. Este colectivo y algunos reclusos que se han alineado con él han
criticado con dureza la posición del EPPK de aceptar las vías legales al
considerar que supone una rendición y el fin de la reivindicación de la
amnistía.
Los 38 presos restantes han votado
en blanco o no se han posicionado. Los motivos para no pronunciarse son, según
la nota del EPPK, dispares y van desde los que han preferido pasar palabra ante
la cercanía del final de su condena, los que presentan una enfermedad, los que
se sitúan fuera del colectivo oficial, o los que no han podido o no han querido
hacerlo.
De este modo, el EPPK da por
superada la “fase de resistencia” para que cada preso pueda aprovechar la vía
jurídica y contar para ello con el apoyo del colectivo. La decisión supone un
viraje respecto a la consigna mantenida durante décadas por la propia EPPK y la
dirección de ETA y la izquierda abertzale política, que se han opuesto a la
aceptación de la legalidad penitenciaria al entenderla como un instrumento para
doblegar a los presos y a todo su estructura orgánica e ideológica.
Este veto ha estado vigilado con
puño de hierro por la ortodoxia del entramado de la banda y la izquierda
abertzale y quien intentara saltárselo se ha expuesto a ser considerado como un
traidor, con todas las derivadas de esa condición con ETA de por medio. El
ejemplo más extremo fue el asesinato en 1986 de Dolores Katarain, Yoyes, a manos de la banda por
aceptar las medidas legales de reinserción.
El comunicado señala que tras el
debate ha quedado aprobado el documenta de base, cuya definición definitiva se
conocerá durante el verano, ya que debe completarse aún con las aportaciones
producidas. El EPPK destaca la “riqueza” de la discusión, dado que hay 91
propuestas individuales y colectivas. Posteriormente también se elegirá la
dirección del colectivo oficial de presos, que estará formada por ocho personas
entre 43 nombres propuestos.
Ahora la pelota pasa al Gobierno
español y, sobre todo, al juez de Vigilancia Penitenciaria de la Audiencia Nacional ,
instancia que decidirá sobre las peticiones que le lleguen de los presos. No
obstante, no será un proceso inminente ya que los presos habrán de hacer un
tránsito en su cambio de actitud y postura que lleva su tiempo. Cerca de la
mitad de los presos tienen horizontes de cumplimiento de condena que van más
allá del 2040
221 presos han votado a favor de la propuesta oficial de
aceptar las vías legales, 42 la han rechazado y 38 no se han posicionado.
Opinión:
Me gustaría empezar explicando que los terroristas
que atentaron antes de 1995 se aprovechan de los beneficios penitenciarios del
Código Penal de 1973, mediante el cual todas las condenas que superan los 30
años de cumplimiento se refunden en una sola de 30 años a los que hay que
descontar los beneficios penitenciarios que esa misma legislación les otorga.
Ello significa que si un terrorista atentó en 1994 y fue detenido ese mismo año
podrá salir en libertad a los 23 años, es decir, este mismo año 2017. Es el
caso de los asesinos Felipe San Epifanio o Dolores Lopez Resino entre otros.
Para que nadie se crea milongas interesadas, cabe
recordar que todas las condenas superiores a 30 años impuestas por los
atentados cometidos a partir de 1995 deben cumplir los 30 años sin ningún tipo
de beneficio penitenciario.
Por lo tanto, este asunto de la aceptación de la
legalidad para que cada terrorista del EPPK pueda acogerse a las vías a nivel
personal será, con toda probabilidad, utilizada por los que atentaron a partir
de 1995 y que hasta 2025 como mínimo no deben salir en libertad. Si un
terrorista atentó en el año 2000 y fue detenido ese mismo año, no podrá salir
hasta 2030...
Así pues, mucho cuidado con esos argumentos de que
cada terrorista podrá decidir si acogerse (o no) a las vías legales porque la
única legalidad es cumplir la condena en prisión hasta el último día...
Personalmente no me importa en qué prisión la
cumplan, me es indiferente si están lejos o cerca de su casa... pero es ahora
cuando echo en falta a “LAS” víctimas que organizaron aquellas manifestaciones
en 2005 o 2006 por “la liberación de los terroristas” o a todos aquellos medios
que cubrían la información y hasta colaboraban en la promoción de las
manifestaciones... ¿dónde están ahora tras la salida de Idoia López Riaño o de
los que empezarán a salir este verano?
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